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Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 20 dic (INS).- El Movimiento Cívico Participación Ciudadana presentó un informe donde pasa balance a los hechos positivos y negativos que marcaron el año 2019, eventos que se caracterizaron por un predominio casi absoluto de los temas políticos electorales.
Destaca que desde la aprobación de la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, en agosto del 2018, y de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral en el mes febrero, el país estuvo envuelto en constantes discusiones y preparativos para la celebración de las primarias del 6 de octubre.
Afirma que, al término del año, todavía dominan la incertidumbre sobre el cumplimiento de estas leyes y las posibilidades de que la democracia salga fortalecida en los comicios de febrero y mayo del 2020.
Entre los elementos positivos en el ámbito político institucional, Participación Ciudadana valora las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en la Ley 33-18, tales como: las reservas de candidaturas, el voto de arrastre, campaña negativa, método de elección de los candidatos y negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas.
Expresa que, en todos estos casos, “las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos, medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral”.
Otro aspecto positivo del año es la creciente presión ciudadana y de la prensa nacional a favor del mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país. Este año se fortalecieron las demandas por unas elecciones limpias, equitativas y transparentes.
Señala que esas presiones “fueron las que impidieron que se introdujera una nueva reforma constitucional con el objetivo de repostular al presidente Danilo Medina Sánchez”, y precisa que con vistas a las elecciones del 2020 “han surgido varios grupos y propuestas que propugnan por un cambio en la cultura del abuso de los recursos públicos a favor del continuismo, el fraude y la violación de las leyes”.
Entre los elementos negativos del año, el movimiento de la sociedad civil destaca los siguientes: Los intentos de someter una modificación a la Constitución para habilitar la reelección del presidente Danilo Medina; limitaciones al voto de los dominicanos en el exterior; proselitismo a destiempo y precampaña desigual; todo el gobierno lanzado a la campaña en favor del precandidato del Presidente, Gonzalo Castillo; excesivo gasto en campaña de las primarias; denuncias de fraude y comercio de votos en las primarias.
También, que el sistema del voto automatizado no logró confianza y consenso. Todavía no se realiza auditoria, la cual debió iniciarse a principios del 2019; la corrupción sin castigo sigue siendo la norma en el 2019. Ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, mientras el Ministerio Público, y en especial la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA) no cumplen con su responsabilidad de investigar y perseguir las innumerables denuncias y evidencias de corrupción que son de conocimiento público.
“Otro ejemplo de corrupción sin castigo lo constituye el pobre trabajo realizado por la Cámara de Cuentas, órgano que fue creado para auditar las cuentas públicas y que no ha generado ningún avance en la detección y persecución de la corrupción. Las instituciones que más recursos manejan no han sido auditadas en los últimos años y el escándalo más significativo, el de Odebrecht, sigue a la espera de que se verifiquen las sobrevaluaciones de obras confesados por la misma empresa”, resalta el informe.
Entre esos casos, Participación Ciudadana cita los repartos de sobornos en el país de la empresa brasileña para obtener contratos ventajosos en obras estatales; la sobrevaluación de los hospitales José María Cabral y Báez de Santiago y Luis Eduardo Aybar, en Santo Domingo, la cual comenzó con una licitación de RD$699 millones (13,061,454 dólares) y ya asciende los RD$14,522 millones (equivalentes a 272,9 millones de dólares); el nepotismo en las instituciones públicas que quedó documentado en dos entregas realizadas por la periodista Nuria Piera.
Además, licitación Compañía de Seguridad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) del 20 de mayo del presente año; fideicomiso Ciudad del Sol del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en Punta Cana (este); la denuncia del periodista Marino Zapete sobre la firma de contratos de grado a grado entre el entonces Ministro de Obras Públicas y hoy candidato presidencial por el Partido de la Libración Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y la señora Maybeth Virginia Rodríguez, hermana del Procurador General de la República, y además empleada de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado (OISOE), por un monto superior a RD$1,000 mil millones (18,793,459 dólares); el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, documentado por la periodista Alicia Ortega, sobre la asignación de grado a grado de hormigón asfáltico caliente a varias empresas, por un monto de RD$11,500 mil millones de abril a septiembre del presente año (216,124,778 dólares).
Respecto a la economía dominicana en el 2019, la organización destaca que la nación insular caribeña “estuvo marcada por un menor crecimiento, mayor depreciación del tipo de cambio y continuación del incremento de la deuda pública”.
Otro efecto importante sobre la economía dominicana estuvo relacionado a la caída de la actividad del sector turístico durante 2019. INS
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