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Santo Domingo, 18 dic (INS).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia dispuso mediante una resolución un desglose del expediente contra los seis acusados de aceptar sobornos por 92 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de beneficiarse con contratos millonarios en obras del Estado dominicano.
Con la decisión, la Suprema Corte, por mayoría de votos, decidió variar su propia jurisprudencia sobre el arrastre en la jurisdicción privilegiada de cinco de los seis encartados que en lo adelante deben ser procesados, separados del senador oficialista Tommy Galán.
Por tal motivo, la alta corte ordenó que el Tommy Galán, acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sea enjuiciado en la Segunda Sala Penal del alto tribunal, compuesta por cinco miembros, por su condición de legislador.
El Ministerio Público asegura que, desde el cargo de presidente de la comisión de finanzas del Senado, el congresista influyó entre sus colegas para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de grandes sumas de dinero.
La Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por Teófilo Andújar, deberá designar uno de los cuatro tribunales colegiados para conocer el proceso del empresario Ángel Rondón, representante comercial de la compañía carioca en la República Dominicana, acusado de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
Es señalado como la persona que distribuía los sobornos a funcionarios y legisladores para conseguir proyectos y agilizar su financiación. La acusación asegura que éste creó un complejo entramado corporativo a través del cual introducía al país los fondos de origen ilícito, en un evidente esquema de lavado de activos.
Los otros encartados que serán procesados en un tribunal de menor grado son los siguientes:
-El exsenador y dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, hoy empresario del sector agropecuario que ocupó la presidencia del Senado de la República en tres períodos en la década pasada.
Bautista es incriminado de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio Público, tenía estrechas relaciones con Rondón, facilitó la red de sobornos a favor de Odebrecht y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, “detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar”.
-Víctor Díaz Rúa: empresario del sector construcción, exministro de Obras Públicas (2007-2012) y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (2004-2007). Al momento de su arresto, en mayo de 2017, era secretario de finanzas del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Está acusado de recibir sobornos y prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Según la Fiscalía, Díaz Rúa presenta “un patrimonio de proporciones exorbitantes, imposible de justificar con los salarios que devengó” como director y ministro de las citadas instituciones.
Durante la audiencia preliminar del caso que conoció la Suprema Corte de Justicia, caracterizada por diversos incidentes procesales que incluyó recusaciones contra algunos magistrados, Díaz Rúa sometió una petición de nulidad por incompetencia de jurisdicción privilegiada. En esa ocasión, el tribunal admitió que había emitido una jurisprudencia “amplia, firme y tangible” sobre el arrastre, cuando haya uno de los acusados con jurisdicción privilegiada.
-Abogado Conrado Pittaluga: quien enfrenta cargos de soborno, enriquecimiento patrimonial ilícito y lavado de activos. Sirvió como testaferro y cómplice de Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral, ubicada en la región oriental del país.
-Roberto Rodríguez: exsenador, diputado, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, actual miembro del PRM, será enjuiciado por los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por supuestamente haber recibido coimas y falsear su declaración jurada y ocultado numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, “a fin de no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente”.
La lectura completa de la resolución, cuyo dispositivo fue leído hoy, se dará el próximo 28 de enero de 2020.
El caso Odebrecht fue investigado en el país luego que el 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación donde se le acusa de pagar coimas a funcionarios públicos de 12 países, con el objetivo de obtener contratos de obras.
Producto de esta grave acusación, la compañía aceptó pagar 3.500 millones de dólares de multa por coimas, siendo esta la más grande la historia, tras de ser señalada de entregar 439 millones de dólares a políticos y funcionarios de Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Angola, Guatemala, República Dominicana, Mozambique y Panamá.
En principio, fueron 14 las personas sometidas ante la justicia dominicana por ese delito, pero la Procuraduría General de la República después excluyó del expediente a ocho de los acusados alegando faltas de evidencias. INS
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