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San Juan, 16 dic (INS).- La Brigada de la Tercera Edad advirtió que de aprobarse el proyecto de la Cámara 2151 se pone en riesgo la estabilidad de la población mayor de 60 años.
La entidad afirmó que la medida busca que una persona mayor de 60 años pueda pagar servicios esenciales utilizando sus escrituras de viviendas.
El 6 de junio pasado se presentó la pieza legislativa por parte del representante Joel Franqui Atiles, a través de la cual se procura crear la “Ley de Dación en Pago de Servicios De Cuidado para Personas de Edad Avanzada”, con el propósito de establecer que una persona de edad avanzada podrá dar en pago por concepto de servicios de salud, cuidado médico, asistencia y ama de llaves que ofrezcan los municipios su propiedad mediante escritura de donación condicionada y enmendar el artículo 2 de la Ley 140 de 23 de julio de 1974 (“Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”).
Al respecto, la presidenta de la Brigada de la Tercera Edad, Amada García Gutiérrez, expresó que “una vez más, tenemos que enfrentar una política pública que no responde a las necesidades de la población adulta mayor en Puerto Rico. Nos preguntamos qué base, análisis o estudio se utilizó para ponderar este proyecto que atenta contra el bienestar de quien solicita el servicio y su familia”.
Señaló que los medios de comunicación llevan más de dos meses denunciando noticias sobre adultos mayores perdidos o viviendo en condiciones infrahumanas “y la Cámara o el Senado no tienen presente estos acontecimientos para desarrollar proyectos que mejoren y fortalezcan políticas como la alerta Silver”.
Abundó García Gutiérrez que los legisladores “no presentan alguna medida para facilitar la recuperación de servicios como agua o luz a adultos que lo perdieron luego del paso de María”.
Enfatizó en que “es una irresponsabilidad proponer que nuestros viejos y nuestras viejas tengan que entregar su propiedad para recibir servicios de protección social. Nuestra política pública reconoce los derechos de la vejez para una mejor calidad de vida, pero esto no parece ir a la par de los programas y políticas sociales que se promueven desde la Cámara y el Senado”.
Exhortó a que la medida “se evalúe de manera crítica, sin olvidar las responsabilidades que tiene el Estado hacia la población de adultos mayores. Además, que permitan la participación ciudadana en los procesos de política pública, ya que se encuentra ante la consideración de las Comisiones de lo Jurídico y de la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las personas de edad avanzada en Puerto Rico”.INS
lp