P. Rico-Sector de Leche acusa a Agricultura de atentar contra la industria nuevamente con método de pago que afecta a 70% de los ganaderos

San Juan, 11 dic (INS).- El presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, Manuel Enrique Martínez Arbona, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que intervenga con urgencia “para evitar el colapso de la industria lechera”.

El reclamo responde al establecimiento de la orden 2019-71 “impuesta ilegalmente por el secretario de Agricultura, la cual establece un nuevo método de pago por la producción de leche y que ya ha afectado negativamente a aproximadamente 70% de los ganaderos”, dijo Martínez Arbona.

Según el portavoz, “la industria lechera es el sector agrícola más grande de Puerto Rico y en vez de tomar acciones para ayudarnos a superar la crisis, para fortalecernos como industria y volver a crecer, lo que observamos es una cadena de improvisaciones y desaciertos por parte de Agricultura que pueden obligar a muchos ganaderos a tener que cerrar sus vaquerías en los próximos meses y eso es inaceptable. Nosotros en el Sector de Leche no estamos improvisando. Nuestras posiciones y reclamos surgen de estudios, del análisis realizado por expertos y con el asesoramiento legal apropiado”.

El líder agrícola expuso que el Departamento de Agricultura puso en vigor el 27 de noviembre un nuevo método de pago de forma improvisada y sin realizar estudios sobre el impacto de este nuevo cambio.

“Esto, a pesar de que ya la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) había implementado un método de pago de producción de leche justo y equitativo luego de haber realizado los estudios y vistas públicas de rigor. Este nuevo método impuesto es nefasto y está poniendo en riesgo la existencia de decenas de vaquerías. Les aseguro que muchos de mis compañeros ganaderos que están aquí ya no tienen dinero suficiente para pagar el alimento de sus animales ni cumplir con sus obligaciones”, enfatizó Martínez Arbona.

Añadió que “tan pronto tuvimos conocimiento de la orden que impuso ilegalmente el método de pago, nos comunicamos con el administrador de la ORIL y con la secretaria de la Gobernación. Sin embargo, al ver que la orden era de efectividad prácticamente inmediata, al igual que el daño que ocasionaría y que no se tomaba acción para corregir el error, no tuvimos otra opción que recurrir al tribunal con un mandamus para exigir que se cumpla con la Ley 34”.INS

lp