P. Rico-Sector empresarial exige acción sobre las deficiencias del Reglamento Conjunto de Permisos

San Juan, 3 dic (INS).- Las principales asociaciones comerciales del país pidieron al gobierno atender la raíz del problema en torno al Reglamento Conjunto de Permisos y las discrepancias con la Ley 161 de 2009.

“Lo que aquí se urge es más bien el reclamo consistente y sostenido para denunciar la mala interpretación y las diferencias diametrales con la Ley 161 de 2009 que presenta el Reglamento (Conjunto de Permisos)”, sostuvo Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).

Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios, expresó que se ha fallado en atender “la verdadera problemática que viven miles de comercios sobre los requerimientos, procesos y costos asociados al Reglamento de Permisos. Si ya el propio gobierno reconoce que el reglamento tiene unas deficiencias, lo correcto es detener su aplicabilidad y corregirlo de una vez. La legislatura dio tiempo para atender la situación y ante este escenario lo que pedimos al Ejecutivo es que otorgue ese espacio y tiempo a la legislatura, en deferencia a su responsabilidad ministerial”.

Mientras, Enid Monge, presidenta de Empresarios por Puerto Rico, comentó que “las acciones tomadas no han dado ningún alivio a los comercios, al contrario, causan mayor inestabilidad e incertidumbre. Necesitamos apertura de diálogo sobre un aspecto tan neurálgico en el desarrollo económico, como lo es el tema de permisos. La comunicación tiene que existir. Es importante que la gobernadora escuche de forma directa nuestras preocupaciones, así como establecer un grupo de trabajo que atienda las enmiendas que requiere la Ley y el Reglamento Conjunto porque es la única forma que se puede llegar a un entendimiento”.

Aseguró que el sector empresarial “fue excluido de toda discusión sobre este reglamento y ya vemos las consecuencias, el gobierno no puede cometer el mismo error una vez más. Queremos ayudar, queremos aportar al desarrollo de Puerto Rico, pero para eso necesitamos un gobierno facilitador”.

De acuerdo con el presidente del CUD, “la moratoria concedida por OGPe a los hogares y centros de envejecientes, tampoco resuelve el problema, ya que la clasificación que Bomberos aplica es incompatible con su estructura y, por tanto, la instalación de rociadores institucionales es inalcanzable para un numero significativo de estos establecimientos. La aplicación de los Códigos de Construcción y del Código Contra Incendios se impone retroactivamente y esto contraviene con el propio Código Internacional de Estructuras Existentes y con el Código Internacional de Construcción, que establecen una aplicación prospectiva”.

Igualmente, opinó que “hay unos asuntos de salud fundamentados en estudios que no han sido considerados. Reconocemos que la oficina de la Secretaria de la Gobernación está trabajando en este sentido y confiamos en el compromiso, prudencia y sensibilidad que merece un asunto tan crítico”.INS

lp