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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 28 dic (INS).- Con un 20 por ciento de su población mayor de 65 años y con una proyección de que para 2050 alcance el 27 por ciento del total de sus habitantes, Puerto Rico enfrenta la dificultad de que carece de una política adecuada para atender a su población envejecida.
La atención a un sector creciente de la población que va haciéndose senil va convirtiéndose para los puertorriqueños en un asunto de importancia paralela a la necesidad de creación de empleos para retener al sector poblacional más joven y en edad laboralmente productiva, en un intento por evitar la fuga migratoria a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y una mejor calidad de vida.
Es frecuente escuchar en el debate político, y que parece será parte de la campaña en las elecciones de 2020, el tema de la creación de empleos, pero se escucha poco sobre el asunto de atender y crear condiciones apropiadas en la sociedad puertorriqueña para la población jubilada de 65 años o mayor.
La tendencia es que ese sector de la población vaya quedándose sola y aislada como resultado de un fenómeno moderno de disociación familiar.
Al momento de analizar este asunto hay que tomar en consideración que la población de 65 años o más se haya igualado al sector poblacional de 18 años o de una edad menor.
El restante 60% de la población se encuentra entre las edades de 18 a 64 años.
Tener ese dato demográfico para el quehacer político y la formulación de proyectos gubernativos es fundamental, pero parece ser, sin embargo, un asunto que ha quedado rezagado en Puerto Rico.
Dentro de cinco años, esa población de edad añosa será el 21 por ciento de los habitantes de Puerto Rico y para el 2050 habrá superado la cuarta parte de los habitantes del país.
Esto apunta a que antes de que termine el presente siglo, posiblemente una tercera parte del país conformará el sector poblacional envejecido que supera los 65 años de edad.
Tipos de viviendas apropiadas a las necesidades de esa población, recreación ajustada a una edad avanzada, atención médica y salubrista para esas personas, requerimientos profesionales de geriatras para ese grupo poblacional que ya ha entrado en la senilidad, así como prestación social y programas de asistencia en las instancias gubernativas locales ajustadas a esa nueva realidad constituyen estilos de gobernanza que Puerto Rico comienza ya a reclamar.
La situación económica por la que atraviesa ese sector poblacional en tránsito o ya en la ancianidad es de precariedad, puesto que la suma promedio de lo que recibe un boricua de Seguro Social es de 10,932 dólares anuales por concepto de retiro, 9,504 anuales por ser sobrevivientes de un beneficiario, y 11,532 dólares anuales por incapacidad.
Iniciada la próxima campaña electoral cara a los comicios generales de noviembre de 2020, la discusión de este tema debe estar en labios de los candidatos a puestos electivos con la ayuda de la academia y de grupos profesionales multisectoriales.
De ahí surge el reclamo de que es hora ya de menos retórica electorera y más propuestas de ideas sustanciosas que tengan pertinencia y trascendencia para el Puerto Rico de hoy. INS
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