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San Juan, 23 dic (INS).- A pesar de los escándalos que han caracterizado a la administración pública desde el inicio de este cuatrienio, nada se sabe de las investigaciones que se realizan al respecto, recordó hoy el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, al exigir que se den a conocer los resultados de las pesquisas abiertas por el gobierno.
El dirigente de oposición refirió que al inicio de la actual administración se suscitaron varios escándalos que fueron referidos a las diferentes agencias de gobierno, las cuales son responsables de realizar investigaciones para conocer sí en efecto se cometió algún delito o infracción de las leyes, como es el caso del uso de las guaguas del Comité de Campaña del expulsado gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“Al momento, muchas de las investigaciones ponen de manifiesto la falta de acciones contundentes, que condenen los hechos ocurridos y que hagan valer la ley a cabalidad por parte del gobierno central”, dijo Torres, quien denunció que “a esto se suma la secretividad y la falta de acceso a la información con la cual manejan éstas investigaciones y el resultado sorprendente de otras”.
En el caso particular de las guaguas quedan varias interrogantes por contestar, como quién recibió las facturas en La Fortaleza de Allied Car por espacio de dos años, preintervino las mismas, aprobó los desembolsos y autorizó que se pagaran a sabiendas que no había contrato con el gobierno.
También, cuántos conocían que mientras esto ocurría se mantenía una deuda de sobre un cuarto de millón de dólares del comité de campaña sin pagar y qué fin público existía para el alquiler de esos equipos.
“Sin duda el país debe conocer las respuestas a estas interrogantes y debe conocer si se cometió algún acto ilegal por parte de algún funcionario de gobierno”, reclamó el presidente del PPD.
Citó varios ejemplos de ley en los cuales claramente se expone cómo se deben atender estos asuntos: El Artículo 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, conocida como la “Ley de la Oficina del Contralor de Puerto Rico” impone a los departamentos, agencias, instrumentalidades, oficinas, todo otro organismo gubernamental y a los municipios, la obligación “sin excepción alguna” de mantener un registro de todos los contratos que se otorguen, y deben remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor dentro de los 15 días siguientes a la fecha del otorgamiento del contrato o la enmienda.
Igualmente, destacó el Artículo VI, Sec. 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que requiere que todo uso de fondos gubernamentales tenga un fin público y el Artículo 13.000 de la Ley 222, prescribe como delito el uso de fondos públicos para fines partidistas, todas enmarcadas en ofrecer remedios de cómo atender el posible conflicto suscitado.
El senador Torres mencionó otras investigaciones que encuentran en lo que describió como “el limbo”, entre ellas las supuestas irregularidades en las contrataciones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la participación del hermano del exgobernador Rosselló Nevares en reuniones relacionadas con el Departamento de Educación con las escuelas chárteres y el referido al Departamento de Justicia por parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garced al secretario de Agricultura.
“”Si un gobernante refiere a un componente de su gabinete a Justicia para que lo investigue, se presume es por algo grave. De ser así, es necesario que el pueblo conozca la gravedad de las imputaciones y cómo es posible que todavía este permanezca en su puesto de secretario”, expresó Torres.
Estableció que, al igual que la administración de Rosselló Nevares, la mandataria Vázquez Garced mantiene no solo el mismo gabinete sino que también mantiene los mismos estilos de gobernanza.
El presidente del PPD exigió tanto la gobernadora Vázquez Garced como a las agencias gubernamentales pertinentes que rindan cuentas y el país conozca la realidad de lo ocurrido en los ejemplos presentados.
Resaltó que el pueblo necesita retomar la confianza en las agencias públicas, más aún, en aquellas que tienen como fin hacer valer la justicia y condenar aquel que cometa actos ilegales que atenten contra los mejores intereses del país. INS
ndc