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Santo Domingo, 23 dic (INS).- La calidad e independencia del sistema judicial dominicano continúan siendo tareas pendientes, debido a los altos niveles de inconformidad reflejados en diversos sectores de la sociedad respecto a temas de interés público, en particular la corrupción, según un informe sobre las cosas positivas y negativas del país en el 2019 publicado por el movimiento cívico Participación Ciudadana.
Considera que la mora judicial y la falta de cumplimiento al debido proceso siguen siendo retos del Poder Judicial en áreas claves como la justicia penal, civil y laboral.
Afirma que afrontar de forma efectiva las acciones del crimen organizado desborda las capacidades del Ministerio Público y sólo lo relega a una investigación y persecución reactiva y no proactiva.
Cita como debilidad de este poder del Estado la no solución de los casos escandalosos reseñados por los medios de comunicación y como ejemplo refiere que el “desmantelamiento” de la red de narcotráfico que supuestamente dirigía César Emilio Peralta (“César el Abusador”), “puso sobre relieve la incapacidad del sistema de justicia de perseguir las complicidades sociales y estructurales que solapan las acciones del crimen organizado”.
“Acontecimientos ocurridos durante el presente año, tales como el proceso de elección de jueces a las altas cortes, el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, el acceso equitativo a la justicia, la persecución del crimen organizado, entre otros, así lo demuestran”, dice el documento.
Participación Ciudadana expresó que uno de los sucesos más negativos del año que termina fue el tratamiento dado a la jueza Miriam German Brito durante el proceso de evaluación realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir nuevos jueces en las altas cortes.
Señala que el reconocimiento del espionaje de la vida pública y privada de la profesional del derecho, acción confesada por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, “reafirmó las acciones de intervención telefónica ilegal que vulneran el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos. Las violaciones al procedimiento y a las acusaciones infundadas del procurador general concitaron un gran repudio y empañaron el proceso de elección de los jueces de las altas cortes”.
Añade que tratamiento del escándalo de corrupción promovido en el país por Odebrecht sigue siendo “totalmente insatisfactorio para la sociedad dominicana, porque desde sus inicios el expediente ha sido evidenciado como incompleto, tanto en la cantidad de implicados como en las pruebas presentadas, así como por la exclusión del período del actual presidente de la República (Danilo Medina), el financiamiento de campaña y la sobrevaluación de las obras”.
Indica que contrario a los demás países del continente, donde esta empresa realizó las mismas prácticas y hay mucha gente acusada y condenada, en República Dominicana “el caso se perfila como uno más de la larga lista de impunidades”.
Otras debilidades enumeradas por la organización es que la asignación presupuestaria destinada al Poder Judicial sigue siendo insuficiente y se continúa a la espera de ser colocado como agenda pública prioritaria el traslado hacia el nuevo modelo penitenciario de los reclusos y las reclusas del modelo tradicional. INS
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