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San Juan, 17 dic (INS).- El Colegio de Abogados y Abogadas (Caapr) presentó una demanda ante la Corte de Distrito federal para Puerto Rico, con la intención de impugnar la validez constitucional del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio, aprobado por el Tribunal Supremo.
“Este reglamento promueve la servidumbre involuntaria de la abogacía y olvida que es el Estado el que se obliga a proveer servicios gratuitos de representación legal en determinados casos”, afirmó Edgardo Román Espada, presidente del Caapr.
El recurso de injunction, que fue aprobado por la junta de gobierno del Colegio, en cumplimiento con la resolución de la Asamblea General 179, se sustenta en la Ley Federal de Derechos Civiles y los derechos constitucionales.
La regulación obliga a la abogacía a ofrecer servicios de representación legal gratuita en casos de naturaleza civil y penal, mediante orden judicial.
“La asignación de casos de oficio, sobre la base de la discreción judicial, constituye un desplazamiento de la obligación del Estado a un pequeño grupo de ciudadanos sin una debida compensación y, por ello, un acto contrario a sus derechos constitucionales, puesto que les priva de su tiempo para ejercer la profesión y derivar ingresos”, agregó Román.
Además -señaló- “les impone la obligación de asumir los costos del litigio sujeto a un indeterminado proceso de reembolso de un gobierno en quiebra”.
A juicio del letrado, el reglamento “adolece de serios defectos constitucionales: priva a los designados de su propiedad sin una compensación; es contrario al derecho de igual protección de las leyes, puesto que discrimina contra la abogacía de práctica privada a la que le aplica el reglamento, mientras excluye a un buen número de otros juristas”.
“También priva a la abogacía de la libertad de la práctica de la profesión y propicia, mediante la discreción judicial, la asignación arbitraria de casos”, señaló.
La reglamentación establece que quienes sean designados de oficio no podrán facturar por las primeras 30 horas de servicio y dependerán de un mecanismo de reembolso de gastos. Sin embargo, no fija un período mandatorio para hacer los reembolsos.
“El pago en exceso de las 30 horas iniciales y los gastos incurridos provendría de los ingresos recaudados por concepto de la cancelación de sellos de suspensión, cuya cifra es incierta y se desconoce si será suficiente para cubrir honorarios y gastos”, advirtió Román Espada.
Por último, apuntó que “resulta preocupante que el presupuesto de la Rama Judicial no contemple una partida específica para el pago de los honorarios y gastos que se incurren en los casos de oficio”. INS
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