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Imagen de archivo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. Inter News Service
Santo Domingo, 12 jul (INS).-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este domingo que impedir la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Dominicano solo beneficia a los sectores vinculados a la criminalidad, al considerar que la actual legislación no responde a los desafíos del delito moderno.
La advertencia la hizo a través de su cuenta en la red social X, en momentos en que diversos sectores han planteado la modificación de algunos artículos antes de que la nueva normativa comience a aplicarse en agosto próximo.
Exhortó a todos los sectores de la sociedad a priorizar el interés nacional y reflexionar sobre la importancia de contar con una legislación actualizada.
“Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026”, señaló.
Reynoso destacó que el nuevo Código Penal, promulgado mediante la Ley núm. 74-25 el 3 de agosto de 2025, representa una actualización frente a una normativa con más de 140 años de vigencia y que incorpora elementos acordes con las nuevas tendencias de la teoría del delito.
La procuradora recordó que fiscales, jueces y abogados han enfrentado limitaciones para investigar y procesar delitos actuales utilizando un código concebido para una realidad social completamente distinta.
Indicó que la legislación de 1884 fue creada para una sociedad con características rurales y distante de fenómenos contemporáneos como el crimen organizado y los delitos asociados a los avances tecnológicos.
La nueva norma jurídica está prevista para entrar en vigor en agosto de este año, tras un amplio proceso de discusión legislativa y aprobación.
El pasado viernes, la comisión bicameral del parlamento que estudia las modificaciones a la controvertida Ley 74-25, que instituye la controvertida legislación, trabaja en la reforma de18 artículos específicos que han sido criticados y rechazados por amplios sectores políticos opositores, organizaciones de la sociedad civil, empresas periodísticas y jurídicas, entre otras.
Sobresalen cinco vinculados directamente con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la difusión del pensamiento, los puntos que mayor debate han generado entre periodistas y abogados al considerarlos como una mordaza.
La comisión legislativa tiene la responsabilidad de evaluar de manera acelerada las propuestas, rendir un informe y procurar que las modificaciones sean aprobadas antes del cierre de la presente legislatura, previsto para el 26 de julio de 2026.
Entre los cambios de mayor atención pública figuran los relacionados con la difusión del pensamiento y las garantías para el ejercicio del periodismo, aspectos que motivaron las principales observaciones de medios de comunicación, juristas y organizaciones civiles.
Las modificaciones fueron depositadas ante el Congreso Nacional por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con el propósito de realizar los cambios de rigor y sean aprobados antes de que la nueva legislación entre en vigencia.
La iniciativa incorpora observaciones formuladas durante las últimas semanas por diversos sectores, con el objetivo de fortalecer el texto legal y evitar interpretaciones que puedan afectar derechos fundamentales.
Uno de los principales ejes de la propuesta se concentra en otros artículos vinculados con el castigo penal a las malas prácticas de parte de los galenos, artículos que han sido objetados por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que solicitó sean reformados.
Inconforme con eso esos artículos, el gremio paralizó el pasado este martes por 24 horas todos los centros de salud públicos y privados del país en rechazo a la detención, por parte del Ministerio Público, del cirujano bucomaxilofacial William Armanzar y su asistente, acusados de mala práctica médica en perjuicio de una señora residente en la ciudad La Vega, región norte dominicana.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo presentó el viernes una de las cuatro modificaciones solicitadas por los médicos a la nueva legislación.
Este artículo sobre la “Certificación falsa de estado de salud” expresa íntegramente que: “El médico que expida un certificado falso sobre la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión de una persona, o sobre su causa de muerte, será sancionado con uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público. Igual sanción se le impondrá a la persona que haga uso fraudulento de este certificado”.
El artículo 123, sobre ciberbullying (burlas), será redefinido para precisar el alcance del delito y evitar interpretaciones extensivas que limiten el ejercicio legítimo de la expresión en plataformas digitales.
También se modificará el 192 referente a la difusión de audios e imágenes sin consentimiento, el cual incorporará de manera expresa el criterio de interés público legítimo, con el propósito de ofrecer mayores garantías al ejercicio del periodismo y al derecho de informar cuando exista relevancia pública.
Por igual, se solicita una enmienda al artículo 208 relativo a la difamación, el que será ajustado para redefinir el tipo de acción penal y establecer un régimen sancionador más preciso y proporcional.
Mientras, el artículo 211 reforzará las excepciones para que no se consideren difamatorias o injuriosas las informaciones divulgadas sobre asuntos de interés público, fortaleciendo las garantías para periodistas y comunicadores.
Asimismo, el artículo 310, que tipifica el delito de ultraje, será reformulado para delimitar con mayor claridad su aplicación y evitar que pueda utilizarse de manera restrictiva contra el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. INS
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Imagen de archivo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. Inter News Service