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El presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos (centro), flanqueado por los senadores Pedro Catraín, vicepresidente, Lía Díaz y Aracelis Villanueva. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 10 jul (INS).-La comisión bicameral que estudia las modificaciones a la controvertida Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal Dominicano, trabajará en la reforma de18 artículos específicos que han sido criticados y rechazados por amplios sectores políticos opositores, organizaciones de la sociedad civil, empresas periodísticas y jurídicas, entre otras.
Sobresalen cinco vinculados directamente con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la difusión del pensamiento, los puntos que mayor debate han generado entre periodistas y abogados al considerarlos como una mordaza.
La comisión legislativa tiene la responsabilidad de evaluar de manera acelerada las propuestas, rendir un informe y procurar que las modificaciones sean aprobadas antes del cierre de la presente legislatura, previsto para el 26 de julio de 2026.
Entre los cambios de mayor atención pública figuran los relacionados con la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y las garantías para el ejercicio del periodismo, aspectos que motivaron las principales observaciones de medios de comunicación, juristas y organizaciones civiles.
Las modificaciones fueron depositadas ante el Congreso Nacional por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con el propósito de realizar los cambios de rigor y sean aprobados antes de que la nueva legislación entre en vigencia.
La iniciativa incorpora observaciones formuladas durante las últimas semanas por diversos sectores, con el objetivo de fortalecer el texto legal y evitar interpretaciones que puedan afectar derechos fundamentales.
Uno de los principales ejes de la propuesta se concentra en cinco artículos relacionados con la libertad de expresión y otros vinculados con el castigo penal a las malas prácticas de parte de los galenos, artículos que han sido objetados por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que solicitó sean reformados.
Inconforme con eso esos artículos, el gremio paralizó el pasado este martes por 24 horas todos los centros de salud públicos y privados del país en rechazo a la detención, por parte del Ministerio Público, del cirujano bucomaxilofacial William Armanzar y su asistente, acusados de mala práctica médica en perjuicio de una señora residente en la ciudad La Vega, región norte dominicana.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo presentó este viernes una de las cuatro modificaciones solicitadas por los médicos a la nueva legislación. Este artículo sobre la “Certificación falsa de estado de salud” expresa íntegramente que: “El médico que expida un certificado falso sobre la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión de una persona, o sobre su causa de muerte, será sancionado con uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público. Igual sanción se le impondrá a la persona que haga uso fraudulento de este certificado”.
El artículo 123, sobre ciberbullying (burlas), será redefinido para precisar el alcance del delito y evitar interpretaciones extensivas que limiten el ejercicio legítimo de la expresión en plataformas digitales.
También se modificará el 192 referente a la difusión de audios e imágenes sin consentimiento, el cual incorporará de manera expresa el criterio de interés público legítimo, con el propósito de ofrecer mayores garantías al ejercicio del periodismo y al derecho de informar cuando exista relevancia pública.
Por igual, se solicita una enmienda al artículo 208 relativo a la difamación, el que será ajustado para redefinir el tipo de acción penal y establecer un régimen sancionador más preciso y proporcional.
Mientras, el artículo 211 reforzará las excepciones para que no se consideren difamatorias o injuriosas las informaciones divulgadas sobre asuntos de interés público, fortaleciendo las garantías para periodistas y comunicadores.
Asimismo, el artículo 310, que tipifica el delito de ultraje, será reformulado para delimitar con mayor claridad su aplicación y evitar que pueda utilizarse de manera restrictiva contra el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Además de esos cambios, la propuesta modifica los artículos 121 y 122, relativos al hostigamiento y al hostigamiento agravado, redefiniendo estas conductas y sus agravantes; el artículo 142, sobre exhibicionismo sexual; el artículo 144, referente al acoso agravado; y los artículos 214 y 215, relacionados con el abandono de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la protección de la niñez.
En materia de técnica jurídica también serán reformados el artículo 141, sobre prescripción; el 170, relativo al auto secuestro; el 207, referencia al perjurio; el 248, sobre bancarrota simple; y el 354, que sanciona la certificación falsa del estado de salud, con el objetivo de mejorar la claridad y aplicación de esas disposiciones.
Finalmente, la iniciativa contempla cambios al artículo 176, que regula el proxenetismo, adecuando las penas aplicables, y al artículo 303, correspondiente a la malversación de fondos públicos, con un endurecimiento del régimen sancionador para fortalecer la lucha contra la corrupción. INS
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El presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos (centro), flanqueado por los senadores Pedro Catraín, vicepresidente, Lía Díaz y Aracelis Villanueva. (Fuente externa). Inter News Service