P. Rico-Denuncian falta de transparencia en medio de exclusión en proyecto reforma de Ley de Salud Mental

San Juan, 14 ene (INS).- Personas expertas, profesionales en una amplia diversidad de disciplinas, denuncian y alertan al país de la amenaza que representa la falta de transparencia y exclusión en el PC 1007 sometido por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunció en una entrevista publicada el 19 de diciembre por un rotativo de circulación nacional que ese mismo día radicaría la medida, que aparece en el portal de la Cámara como radicado el 7 de enero.

Desde el Frente Amplio de Acción Social alertamos a grupos de interés y a la ciudadanía del irregular trámite legislativo para esta medida, que derogaría la Ley 408 de Salud Mental, con el peligro que representa excluir la participación ciudadana para la evaluación y redacción de una Ley que impactará cómo se maneja en Puerto Rico la salud mental.

El trámite legislativo del PC 1007 ha sido irregular y viola el proceso democrático. Este proyecto de ley estuvo disponible para la ciudadanía el 13 de enero, a pesar de que Rodríguez Aguiló convocó a vistas públicas para esta semana.

Cuestionamos la falta de transparencia en el manejo de este proyecto. A pesar de que la ciudadanía y grupos interesados aún no hemos tenido acceso a los cambios en la Ley 408 de salud mental, desde la oficina de Rodríguez Aguiló nos informan que las únicas dos vistas calendarizadas para el 14 y 16 de enero excluyeron a organizaciones que solicitaron turno para deponer en reacción a una medida que impacta a toda la ciudadanía.

Este trámite irregular representa una transgresión a los principios democráticos de participación de sectores de la población cointeresados en contar con una Ley que se atempere a la realidad de Puerto Rico y viola los reglamentos de la Cámara de Representantes.

“La Cámara está obligada a publicar amplia y eficientemente los trámites legislativos del Cuerpo en pleno y de sus Comisiones. La Sección 49.2 le exige a las Comisiones están obligadas a cumplir con los deberes y responsabilidades que impone la Ley de Gobierno Electrónico, señaló Raúl Tirado, quien como abogado atiende casos relacionados con la Ley 408.

Indicó que no publicar las enmiendas propuestas a la Ley de Salud Mental a tiempo para permitir a la ciudadanía y organizaciones participar en el proceso de vistas públicas representa una práctica antidemocrática que representa el riesgo de que el Estado continúe criminalizando a personas que requieren tratamientos humanizados, una realidad que impacta a decenas de miles de familias en Puerto Rico.

A su juicio, el trámite impuesto por Rodríguez Aguiló viola las normas de participación ciudadana.

Puerto Rico enfrenta una crisis provocada por la falta de atención a condiciones de salud mental de nuestra población. Desde el huracán María en 2017, nuestra ciudadanía enfrenta condiciones que ponen en riesgo la salud emocional y mental, ante un panorama en que el manejo de la salud en general ha cedido a los intereses de lucro de aseguradoras y compañías privadas que persiguen el lucro por encima de nuestro bienestar¨, denunció la Dra. Alice Pérez Fernández.

Desde el FAAS, colectivo multisectorial y multidisciplinario, alertan que el proyecto propuesto no responde a las condiciones que enfrenta nuestra sociedad porque excluye la solución a profundos problemas de política pública que influyen en la convivencia de nuestra población y la violencia generalizada que vivimos como pueblo.

Según Pérez Fernández, una reforma a la ley vigente de salud mental requiere de las aportaciones de múltiples profesionales en diversas disciplinas. Alertó que es fundamental incluir las perspectivas de una diversidad de prácticas de la sicología, consejería, trabajo social, derecho, sociología, entre otras.

Se necesita un enfoque holístico, que atienda la estigmatización de personas con trastornos mentales y emocionales. Hemos visto el manejo punitivo y discriminatorio de la administración de la gobernadora Jenniffer González en casos relacionados con pacientes de salud mental.

Descartan diagnósticos emitidos por peritos de la conducta humana y ha llegado al colmo de expresar que aplicaría la pena de muerte a un paciente mental.

“Convocamos a todos los sectores vinculados con la atención y manejo de la salud mental en Puerto Rico a participar en el proceso legislativo y promover enmiendas que atienda las crisis que enfrentamos en tantas familias y comunidades en Puerto Rico”, remató Pérez Fernández.INS

ndc