San Juan, 2 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aceptó hoy la renuncia del secretario de la Gobernación, William Villafañe Ramos.
Al mismo tiempo pidió la renuncia de la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García Rodríguez y de la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio.
También, el mandatario solicitó que dejaran sus cargos el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz, y la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román.
El primer ejecutivo tomó la determinación luego de que el Departamento de Justicia llevara a cabo una investigación y recomendara a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el exjuez Rafael Ramos Sáez y los funcionarios.
El Departamento de Justicia sostuvo que a raíz de la prueba examinada hay información suficiente para entender que los funcionarios pudieron haber cometido algún delito.
Aunque el primer ejecutivo reconoció que estos funcionarios no han sido acusados de ningún delito, la solicitud de la renuncia surge debido a una razón de “confianza”.
En cuanto al secretario de la Gobernación, el primer ejecutivo aceptó la dimisión del licenciado Villafañe Ramos para que pueda atender el caso.
«Confío en la integridad del licenciado Villafañe Ramos y entiendo que su decisión de renunciar responde a los mejores intereses de Puerto Rico para no distraer la atención de la agenda de transformación de nuestro Gobierno», agregó el gobernador al lamentar la dimisión del funcionario.
Indicó que «hoy el Departamento de Justicia levanta bandera sobre posibles actuaciones irregulares de estas personas cuando todavía no habían sido juramentados como funcionarios públicos. Esperamos que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente pueda evaluar el informe y determinar si debe asignar un Fiscal Especial Independiente para el exjuez Ramos Sáenz y por ende investigar todas las alegaciones que vinculan a estos funcionarios públicos con el fin de aclarar este caso por el bien del pueblo de Puerto Rico y de las propias personas involucradas».
Asimismo, afirmó que «como bien he recalcado en mi Administración no hay espacio para las irregularidades ni corrupción. Ese es mi compromiso sin importar la persona implicada. Mi mayor deseo es que este caso sea aclarado».
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, refirió a FEI a Ramos Sáenz, García, Maldonado y Villafañe.
La determinación se tomó luego de que la agencia concluyera la investigación del caso de los chats de WhatsApp en el que están involucrados también 15 abogados.
Vázquez Garced ofreció una conferencia de prensa, en la sede del Departamento de Justicia, en la que dio a conocer que la evidencia evaluada y sometida fueron 1,700 páginas del chat “Coffeebreak”, con 57 participantes, y 1,500 páginas del chat “Estructura gerencial”, con 51 integrantes
Según la funcionaria se analizaron 34.7700 participaciones, tres mil documentos, 72 apéndices y 111 anejos.
Sobre el caso, dijo que “los fiscales no podemos ser tan ingenuos de no creer lo que nadie más creería” y dijo que Ramos Sáenz ha sido referido a un FEI “por la posible comisión de delito por intercambio de conversaciones en los dos chats”, como “violaciones al código penal, enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios, promesa para rendir determinado veredicto o decisión, así como malversación de fondos públicos”.
Además, dijo que “hay causa suficiente” contra otros funcionarios públicos por el delito de influencia indebida.
García habría cometido perjurio e influencia indebida con relación al nombramiento del juez.
Sobre Villafañe, indicó que “hubo una interacción el 29 de octubre de 2016 y fue posterior a una resolución del juez, pero fue incluido para análisis del FEI”.
Según la secretaria de Justicia, todos ellos “permitieron y promovieron la interacción de un juez”, incluidos el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz, y la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román, quienes también fueron referidos.
Además, informó que Justicia, a través de la oficina de jefa de fiscales, refirió al FEI y a las autoridades federales a García por un evento que surgió en el transcurso de la investigación “sobre una posible obstaculización e intento de intimidación”.
Sobre el exjuez dijo que participó en 1,898 ocasiones y “compartió información privilegiada, participó en actividades político partidistas, se comunicó con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento y se apartó de la norma jurídica”.
Además, Justicia refirió al Tribunal Supremo, por posibles violaciones a los cánones de ética profesional a 15 abogados que participaron en los chats.
A principios de año, los involucrados en los chats del Partido Nuevo Progresista (PNP) supuestamente discutieron determinaciones judiciales que debía tomar Ramos Sáenz como presidente de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) en Moca sobre el voto de los encamados.
Tras darse a conocer el caso, Ramos Sáenz renunció a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a su cargo de juez.
Debido al caso de los chats se iniciaron investigaciones del Senado, la CEE, la Rama Judicial, el FBI y del Departamento de Justicia.
Además, un informe de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) divulgado a principios de abril recomendó acciones disciplinarias contra el exjuez y detalló que los chats fueron creados por la actual secretaria asociada de la Gobernación.
Durante la investigación de Justicia, el pasado 22 de febrero el exalcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges y la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, acudieron a la agencia para ser interrogados.
Tanto Vega Borges como Burgos fueron citados luego de que compareciera el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, quien denunció el caso de los chats del expresidente de la CEE y los colaboradores del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Ramos Sáenz renunció a su cargo debido a los señalamientos del legislador sobre supuestas violaciones al Código de Ética de la Rama Judicial.
El pasado 6 de enero, Ramos Sáenz dejó su puesto en la CEE, tras lo cual fue suspendido como juez.
Semanas después, renunció a su cargo.
La renuncia se dio luego de acusaciones hechas por el senador Torres sobre las actuaciones de Ramos Sáenz cuando ejerció como juez presidente de la local de Moca.
Según ha trascendido, existen mensajes de diálogos entre el ahora expresidente de la CEE, García y Maldonado, en los que el exfuncionario supuestamente viola los cánones de ética judicial.
Ramos Sáenz habría intervenido de forma activa en la campaña electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) y consultado determinaciones como juez.INS
lp
Inter News Service Agencia de Noticias