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Mariana Nogales Molinelli. /Inter News Service, archivo
San Juan, 21 mar (INS).- El Departamento de Justicia (DJ) recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la representante Mariana Nogales Molinelli.
La recomendación se dio tras concluir la agencia que existe causa suficiente para creer que la legisladora incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió varias disposiciones de ley al omitir antecedentes en un informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Así lo informó hoy el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien acogió y refirió a la Opfei un informe preparado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) de la agencia al finalizar la investigación preliminar correspondiente.
Luego de evaluar la prueba recopilada, analizar el derecho aplicable y considerar el quantum de prueba requerido en esta etapa de los procedimientos, la Dipac concluyó que existe causa suficiente para creer que Nogales Molinelli, quien ocupa un escaño en la Cámara de Representantes, incurrió en conducta de naturaleza penal al cometer el delito de perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal de 2012, al omitir que ocupaba puestos en varias corporaciones, tales como presidenta, tesorera, secretaria y agente residente.
Además, Justicia considera que omitió incluir los ingresos generados por concepto de alquiler de una propiedad inmueble que le pertenece, según dispone el informe.
La investigación preliminar también reveló que la representante Nogales Molinelli infringió las disposiciones del artículo 20 de la Ley 272 de 2003 (Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación), al dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación de un inmueble de su propiedad, ubicado en Palmas del Mar, en Humacao, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo, establece el documento de 52 páginas.
La investigación se inició luego de que, entre septiembre y octubre de 2021, se recibieron en Justicia varias querellas en contra de la legisladora por parte del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, y de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías Rosario.
La querella presentada por el director ejecutivo de la OEG se sustenta en infracciones a los delitos de falsificación de documentos, y otros de naturaleza similar, en cuanto a que la legisladora alteró el informe financiero presentado, sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para ello.
Mientras, las querellas sometidas por los senadores Rivera Schatz y Matías Rosario se relacionan con la omisión de información en un Informe Financiero de las Ramas Ejecutiva y Legislativa presentado ante la OEG.INS
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