P. Rico-Rivera Schatz anticipa que medida que estipula guías de planes de reorganización pudiese evaluarse en el pleno la próxima semana

San Juan, 27 nov (INS).- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió hoy las facultades de la Asamblea Legislativa al asegurar que no se le daría un “cheque en blanco” al ejecutivo de aprobarse el proyecto de administración 653, que propone unas guías uniformes para reorganizar las agencias de la Rama Ejecutiva.
Según el político, la medida podría ser considerada en los próximos días en el pleno de la Cámara Alta.
“Le aseguro que no le daré un cheque en blanco. Ni el gobernador es ni será Julio César y ni este es el senado romano…tan simple como eso”, advirtió Rivera Schatz previo a comenzar su sección de preguntas y respuestas en la audiencia pública de la Comisión sobre Asuntos Federales Políticas y Económicas del Senado.
Agregó que “este es un plan para establecer unos criterios y guías uniformes garantizando los empleos, eficiencia y el uso adecuado de los recursos del gobierno para que dentro de una situación de crisis haya el mayor acceso a la ciudadanía. De eso se trata, de unas guías uniformes. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar o rechazar. El reto lo tiene el gobernador al tener que someter un plan que sea de la satisfacción de la Asamblea Legislativa y que sea claro, preciso, que demuestre las eficiencias así como que se están alcanzando los objetivos de esta legislación para ser aprobada. Si no es así, será rechazado”.
Según el senador, el gobernador tiene dos opciones: someter conjuntamente con el plan las leyes derogatorias y habilitadoras o esperar a que se apruebe el plan y en un término máximo de 15 días someter leyes derogatorias y habilitadoras. Si no las somete en ese período, queda sin efecto el plan.
“Si el gobernador somete planes de reorganización, la Asamblea Legislativa completa habrá de tener la oportunidad de examinar el plan, discutirlo con sus constituyentes, analizarlo y cada cual votará conforme lo que estime hacer”, destacó el presidente del Senado.
Según esbozó en una ponencia el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Gerardo Portela Franco, una vez el gobernador someta a la Asamblea Legislativa los planes de reorganización, el cuerpo endrá 30 días para pasar juicio sobre estos mediante resoluciones concurrentes. Si no se alcanzó un acuerdo entre los cuerpos, se extenderá por 15 días adicionales.
De no haber un acuerdo, cada cuerpo podrá aprobar una resolución aprobando o rechazando el plan.
El rechazo del Senado o de la Cámara de Representantes conllevará el rechazo del plan presentado por el Ejecutivo.
Si en 45 días no se aprueba una resolución concurrente o resolución se entiende avalado el plan de reorganización.
Conjunto con cada plan de reorganización, o 15 días luego de aprobarse, el gobernador deberá presentar un proyecto de ley para derogar aquellas leyes que sean afectadas por la medida.
“Si la Legislatura no ha actuado en 30 días (después de que se someta el plan) se entiende que hay una aprobación tácita. El Senado y la Cámara no van a dejar eso pasar sin hacer nada. Esa disposición es para poner un poco de presión para que se actúe, con el objetivo de darle eficiencia pero de ninguna manera el Ejecutivo ni el legislativo están renunciando a sus prerrogativas”, aclaró Rivera Schatz.
Aseguró que el Senado y la Cámara de Representantes “tendrán la última palabra”, coincidiendo así con la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.
De hecho, los nuevos jefes de agencia, cuyos puestos se establezcan bajo los planes de reorganización tendrán que ser confirmados por el Senado con excepción de los funcionarios adscritos a la Oficina del Gobernador.
El Senado consignó que el artículo III, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico le delegó a este cuerpo y a la Cámara de Representantes la facultad de crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.
Para el legislador, un plan de reorganización no puede enmendar ni derogar leyes habilitadoras ni eliminar las siguientes oficinas: la Oficina sobre el Panel Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor Electoral y la Universidad de Puerto Rico. También el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y los departamentos de Estado, Justicia, Hacienda, Educación, Obras Públicas, Desarrollo Económico y Comercio, Salud y Agricultura.
“Eso queda claro en el proyecto. Esta Asamblea Legislativa, conforme a lo que está discutiéndose, ha sugerido un trámite expedito para alcanzar unos objetivos en momentos donde hay crisis financiera y los acceso a los servicios de gobierno no son los mejores”, indicó el presidente del Senado en torno a la pieza legislativa propuesta cuyo objetivo es reducir los gastos de las 119 agencias que cuestan al erario más de 25 mil millones.INS
lp