R. Dominicana-Movimiento Marcha Verde exige una investigación penal de los resultados de las elecciones generales de 2016

Santo Domingo, 10 nov (INS).- El movimiento social Marcha Verde exigió una investigación penal del proceso de compra y uso de los equipos tecnológicos utilizados por la Junta Central Electoral (JCE) para el escrutinio y la transmisión de los resultados de las elecciones generales de 2016.
La petición surge a raíz del informe técnico ofrecido por la Junta Central (JCE) sobre el deficiente desempeño de los equipos del registro de concurrentes y el escrutinio de los votos, que consideró como el reflejo de las denuncias y preocupaciones planteadas por los actores políticos y la sociedad civil días antes de esa consulta popular.
En esos comicios se dieron como ganadores a la Presidencia y vicepresidencia de la República a Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández, candidatos del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como a los miembros del Congreso Nacional, alcaldes y regidores.
En un comunicado, el colectivo indicó que el informe de la dirección de Informática de la JCE “evidencia faltas graves en el proceso de contratación de los equipos, así como serias violaciones a la Ley Electoral y al derecho de elegir y ser elegido por el pueblo dominicano”.
Señaló que si el reporte habla de un control ilegal del proceso de conteo de votos y transmisión de actas, así como la aparición de actas con serias irregularidades, “eso cuestiona todo el sistema electoral y fortalece razonablemente los cuestionamientos a la legitimidad de las pasadas elecciones”.
“Si la empresa Indra, envuelta en casos de corrupción y fraudes en diferentes países, entregó aparatos defectuosos y controló absolutamente lo relacionado con el conteo y la transmisión de los votos, se estaría ante una suplantación de las funciones de la JCE como órgano administrativo del sistema electoral”, refiere el documento.
Según el movimiento, los actuales titulares de la Junta no están para hacer denuncias ni filtrarlas a los medios, sino que tienen la responsabilidad de someter a los culpables a la Justicia y aclarar la condición en que las actuales autoridades fueron electas.
De no hacerlo, expresa, y dejan el caso de los escáneres “como uno más de las irregularidades y corrupción, serán tan responsables del hecho como los anteriores”.
El colectivo llamó a la ciudadanía y a los sectores organizados para que no permitan que pasen por alto esas denuncias tan graves, pues de hacerlo, la sociedad estaría permitiendo la imposición del engaño, la contratación irregular de empresas extranjeras y el fraude. INS
mv