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Las redes del crimen usan los centros de llamadas para cometer diversos delitos./Inter News Service
Santo Domingo, 3 mar (INS).- Los integrantes de la red criminal desmantelada por el Ministerio Público con la Operación Discovery operaban transacciones millonarias en dólares a través de varios call centers (centros de llamadas) que operaban en las provincias Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata, según las evidencias recolectadas por los fiscales que trabajan el caso.
La organización que fue desarticulada por la Procuraduría General de la República con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, se dedicaba al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos estadounidenses.
Las autoridades adelantaron la ocupación en allanamientos de siete pistolas y una metralleta Uzi, así como unos 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos en efectivo (US$351,841), 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.
En una información publicada en su página web, la institución resaltó que la acción, además del FBI, sigue en marcha en coordinación con técnicos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, siglas en inglés), quienes también realizaron allanamientos simultáneos en la ciudad de Nueva York.
En las intervenciones domiciliarias practicadas resultaron arrestados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena y David Antonio Guzmán Javier.
El Ministerio Público de Santiago (región norte), encabezado por el fiscal titular de esta demarcación, Osvaldo Bonilla, solicitará contra esas personas medidas de coerción ante un juez de la atención permanente.
El comunicado precisa que el grupo enfrenta cargos por diversos delitos, incluyendo la violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones y el 405 que condena la “estafa”.
También, por violación a las disposiciones de los artículos 2, 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano y 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
“La operación contra el crimen transnacional forma parte de las acciones que desarrolla el Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”, indica el escrito.
La indagación que del caso se desarrolló durante meses y conllevó, en esta etapa, la movilización de 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes de la Policía Nacional.
La tarea está cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso; la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Agrega que la organización se constituyó en una asociación de malhechores que usurpaba funciones e incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión sexual y el robo de identidad.
Esas personas realizaban llamadas telefónicas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando “delivery” (mensajeros) e incluso usurpaban funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del Buró Federal de Investigaciones. INS
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