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El representante José Aponte Hernández./ Inter News Service
San Juan, 20 mar (INS).- Ante la emergencia que se ha suscitado por la llegada del Covid-19 y las expresiones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el representantes José Aponte Hernández reiteró su pedido al Congreso y al presidente Donald Trump para cambiar la designación de Puerto Rico a una jurisdicción doméstica, en vez de foránea, como se encuentra ahora mismo, para efectos contributivos.
La iniciativa tiene el propósito de fomentar la inversión, creación de empleos y reactivar el sector de la manufactura, particularmente el área de investigación y desarrollo en las fábricas farmacéuticas que están establecidas en la Isla.
«Coincido con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, de que aquí no se trata de regresar al pasado, a las 936, se trata de mirar al presente y futuro incluyendo a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica y brindándole cualquier incentivo para atender la situacion actual. Esta pandemia, sin precedentes del Covid-19 nos brinda la oportunidad de reactivar un importante sector de nuestra economía: la manufactura, particularmente el área relacionada al desarrollo de equipo y artículos médicos”, afirmó.
Agregó que “la única manera de lograr esto de formar rápida y de que perdure es cambiando la designación de la jurisdicción de Puerto Rico para efectos contributivos federales, de foránea a doméstica. Así como único lograremos atraer mayor capital a la Isla y reactivaremos este vital sector de nuestra economía».
Opinó que «esta designación nos daría una enorme capacidad junto con los beneficios de la reforma contributiva del 2017 para los estados, se estaría colocando a Puerto Rico en una posición de competir de igual a igual. También les daría a las empresas la seguridad que brinda la cobertura política lo que fomentaría que más compañías nacionales e internacionales se relocalizaran a la Isla, creando miles de nuevos y mejores trabajos para nuestra gente. De igual manera estaríamos solicitando que se le brinde a Puerto Rico cualquier incentivo para atender, mediante la manufactura, la emergencia nacional creada por el coronavirus».
El también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara fue el autor de la Ley 73 de 2008 (Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico), la cual se encontraba enfocada, entre otras cosas, en reactivar la manufactura en la Isla ante las realidades de la globalización.
De esta manera, el político rechazó cualquier intento de revivir algún tipo de Sección 936′ del Código de Rentas Internas federal, “debido a que lo único que hizo fue producir riqueza para unos pocos empresarios e inversionistas”.
«La Sección 936 no logró alcanzar sus objetivos principalmente debido a que las pocas empresas que utilizaron este refugio fiscal no invirtieron en Puerto Rico como proporcionalmente debería haberse hecho. En el 1991 solamente, las compañias 936 acumularon $2,800 millones en créditos contributivos, sin que los ciudadanos Americanos que residían en Puerto Rico recibieran una proporción similar en beneficios, tal y como se supone que sucediera. Los números no mienten, la verdad es que para el 1991 el ingreso per cápita de los puertorriqueños era de $6,000 al año, casi 30 por ciento menos que en los estados. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo rondaba el 16 por ciento, más del doble que en cualquier otro estado de la Unión. Mientas las compañias se beneficiaban de estas exenciones contributivas, nuestra gente sufría», sentenció el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).INS
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