P. Rico-Unión que representa a trabajadores del Negociado del Sistema 9-1-1 solicita a la JSF y al gobernador que eliminen a la dependencia pública de la aplicación del plan fiscal aprobado

San Juan, 10 mar (INS).- La Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, organización que representa a los trabajadores del Negociado del Sistema 9-1-1, ha solicitado a la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) y al gobierno que eliminen a la dependencia pública de la aplicación del plan fiscal aprobado por el ente federal.
Esto, luego de las cartas enviadas al gobernador Ricardo Rosselló, por parte de Michael O’Reilly, Comisionado de la Federal Communications Commission, organismo que regula directamente a los sistemas de emergencia 9-1-1 en Estados Unidos y sus territorios.
Según expuso la unión, el Enhanced 9-1-1 Act of 2004 provee que los fondos 9-1-1 se usen única y exclusivamente para mejorar los servicios de emergencia 9-1-1 y desde 2014 el gobierno de Puerto Rico ha incumplido con este requisito federal.
“Nuestra organización, siempre ha sostenido que los fondos 9-1-1 son para el uso exclusivo de dicha Agencia y hoy más que nunca son necesarios para atender las emergencias. En la actualidad, el 9-1-1 tiene serios problemas estructurales, como la falta de una estructura sólida para enfrentar huracanes y terremotos, la falta de actualizaciones tecnológicas y de capacitación del personal y el éxodo masivo de telecomunicadores con experiencia, algo que no había ocurrido y desde que se impuso la austeridad en Puerto Rico, la infraestructura de emergencias está colapsando”, sentenció Luis Benítez, presidente del gremio.
El sindicalista recordó que la desviación de fondos 9-1-1 quedó al descubierto el pasado 24 de abril, cuando el comisionado de la FCC, Michael O’Reily, cursó una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la que cuestionó la desviación de fondos 9-1-1 hacia el fondo general, algo prohibido por legislación federal.
Según el portavoz, el comisionado O’Reily enfatizó en que el uso de fondos 9-1-1 son necesarios para los sistemas de comunicación, el personal y la migración a los sistemas Next 9-1-1.
Según Benítez, “desde que esta administración llegó, nuestra unión le expresó y le entregó a la mano al exsecretario de la Gobernación William Villafañe, a las comisiones del Senado y Cámara de Seguridad Pública y al secretario Héctor Pesquera toda la evidencia contundente de malos manejos de fondos 9-1-1. Esta desviación de fondos la advertimos en todos los niveles bajo la administración de Alejandro García Padilla y hemos solicitado diversas investigaciones a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor y hasta el día de hoy no se ha investigado a cabalidad”.
También, indicó que “informamos que incluir el 9-1-1 en el DSP era un grave error pues no se ha enfocado en la corrección de estos señalamientos. El resultado, ha sido un aumento significativo en el tiempo de respuesta y la falta de una respuesta adecuada a las emergencias luego del huracán María”.
La unión también enfatizó que la pérdida de fondos durante el año 2016 sobrepasa los 243,000 dólares reportados por el gobierno, pues no se incluyó los cerca de 12 millones que se encuentran congelados por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), los cuales no han sido devueltos al 9-1-1 luego de la liquidación de dicha institución.
Sin embargo, la mayor preocupación del gremio es el plan fiscal aprobado que, a juicio de la unión, busca que se utilicen fondos 9-1-1 para otros aspectos no permitidos bajo la ley federal.
Según Benítez, “el incluir al 9-1-1 en el DSP y en las reformas draconianas impuestas por la Junta, busca que esas economías se desvíen para poder cuadrar la caja y así poder pagarle a los bonistas. Esto es así, pues actualmente el artículo 16 de la Ley 3 de 2017 y el artículo 4.01 de la Ley 26 de 2017, establecen que todo ahorro del 9-1-1 debe pasar al Departamento de Hacienda. Si este no es el caso, ¿por qué seguir imponiendo en el 9-1-1 las reformas económicas si las mismas no pueden pasar al fondo general? Es hora de que se cumpla con la ley federal y los fondos 9-1-1 se usen para el fin permitido por la ley y se detenga todo intento de destruir el Sistema de Emergencias por parte de la junta y el gobierno”.
La unión urgió a la JSF a no considerar al 9-1-1 en sus reformas fiscales, ya que entrarán en detrimento del sistema de emergencia, y que se permita la “correcta” administración de dichos fondos para cumplir con la reglamentación federal aplicable.INS
lp