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Resumen de noticias para el miércoles 9 de mayo de 2018
P. Rico-Gobernador firma la ley del milloncito municipal
San Juan, 9 may (INS).- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, agradeció ayer al gobernador Ricardo Rosselló Nevares por convertir en ley el Proyecto del Senado 822, que otorga a cada uno de los 78 municipios un millón de dólares que debe ayudar a cubrir gastos operacionales y administrativos ante la merma en recaudos provocados por el paso de los huracanes Irma y María en septiembre pasado.
La otorgación de los fondos había sido apoyada en vistas públicas por alcaldes novoprogresistas y populares.
“Quiero agradecer a nuestro gobernador, Ricardo Rosselló, por aceptar la propuesta que hicimos en el Senado de Puerto Rico de que se asigne 1 millón de dólares a cada municipio de Puerto Rico. Agradezco también a mis compañeros senadores, al presidente de la Cámara, Johnny Méndez Núñez, y a su equipo de legisladores por apoyar esta iniciativa para ayudar a todos los municipios sin distinción de clase alguna. El Proyecto del Senado 822, con la firma de nuestro gobernador constituye un alivio para todos nuestros alcaldes y alcaldesas. Compromiso cumplido”, expresó el dirigente senatorial.
La medida fue aprobada en el Senado el pasado 12 de marzo.
El proyecto convertido en ley establece que la asignación de $1 millón provendrá del Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal que se capitalizará con cargo al ‘Single Treasury Account’ del Departamento de Hacienda.
El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz, se mostró complacido con la firma de la ley que otorga el millón de dólares.
“Agradecemos al señor presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien ha cumplido su palabra al legislar y lograr la aprobación de fondos por un millón de dólares por municipio, para aportar a la reconstrucción de los municipios”, dijo el alcalde de Cayey y presidente asociativo, quien se subió el sueldo en el 2013, durante plena crisis económica, a $120,000 anuales, aunque su municipio es pequeño y no tiene más de 50,000 habitantes.
Agregó en declaraciones escritas el cayeyano que “ahora cada primer ejecutivo municipal podrá ayudar a la AEE a adelantar la restauración del sistema eléctrico, a reparar vías públicas o reconstruir hogares”.
“Durante estos pasados meses se ha evidenciado, y es aceptado ampliamente por la opinión pública, que los municipios son la primera línea de servicio al pueblo, y son más eficientes en lograr soluciones para la gente. Mientras mejor se atienda a los municipios, la reconstrucción del País se va a acelerar”, argumentó. INS
P. Rico-Preocupa al Senado que los pasados desvíos de fondos en el 9-1-1 provoquen la pérdida de $780 millones
San Juan, 9 may (INS).- El Senado se sumó ayer a la preocupación en diversos sectores del gobierno que temen que pasados desvíos de fondos en el Sistema de Emergencias 9-1-1 provoquen la cancelación de sobre $700 millones que la Comisión Federal de Comunicaciones contempla otorgarle a Puerto Rico para el restablecimiento de su red de telecomunicaciones.
El representante Félix Lasalle, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, ya encaminó una investigación.
Ayer, el senador Miguel Laureano se sumó a las preocupaciones sobre la controversia al indicar mediante comunicado de prensa que presentó la Resolución de Senado 736, mediante la cual pretende “acabar con la mala práctica de usar dichos fondos para propósitos ajenos a lo dispuesto”.
Los fondos desviados fueron detectados por la FCC en los años fiscales 2015 y 2016, durante la administración García Padilla. Se detectó “sobrantes” de $243,100 en cada uno de esos años que fueron destinados al Fondo General, como le prescribía la Ley 66 a todas las agencias.
No obstante, por ley federal el 9-1-1 no puede tener “sobrantes”, sino que debe gastar todo su presupuesto anual en las operaciones y mejoramiento del sistema y sus recursos humanos. Este fue el dispositivo que no se cumplió durante la pasada administración, le informó la FCC en carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares al amenazarle con cortar la ayuda a la Isla.
En el 2017 dicha práctica fue cancelada.
No obstante, informes de auditorías internos en el 9-1-1 revelan otros desvíos a otras agencias, compra de ambulancias, equipo y uniformes para otras agencias, uso de los recursos fiscales y humanos del 9-1-1 en la adopción de escuelas, fondos para la Procuraduría de la Mujer, así como hasta millones de dólares no utilizados para la agencia durante la administración del ex director Juan (Juangy) Morales Vargas, quien tuvo que renunciar al cargo semanas antes de las elecciones de 2016.
Este mantiene ahora una gira por distintas alcaldías del área norte en su carrera para aspirar a senador en el 2020, según se aprecia en su página de Facebook.
“Vamos a investigar con detenimiento este alegado desvío de fondos federales contrario a lo que dispuso la FCC. Esta mala práctica de la pasada administración, pone en riesgo cerca de $700 millones destinados para el Sistema de Emergencias 9-1-1”, afirmó el senador Laureano, del distrito de Humacao.
Otras de las medidas que presentó -Proyecto del Senado 949- pretende enmendar el artículo 19 de la Ley 66 del 2014 (Ley Especial de Sostenibilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico) para prohibir que se transfieran fondos de la Junta de Gobierno de 9-1-1- al fondo de Promoción de Empleo y Actividades Económicas. No obstante, esta ley caducó en junio 30 de 2017. INS
EEUU-Piden investigación de varios comisionados de la FCC por participaciones políticas prohibidas, entre ellos uno que amenazó con cancelar ayuda federal a la Isla
Washington, 9 may (INS).- Demócratas de alto rango en la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara federal de Representantes solicitaron que se investigue a varios comisionados republicanos en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por haber participado en febrero de este año en la Conferencia de Acción Política, vinculada con el Partido Republicano, informó ayer el diario digital capitalino The Hill.
A los comisionados de la FCC se les prohíbe la participación partidista durante el ejercicio de sus funciones.
La petición de investigación la realizaron los representantes Frank Pallone (Nueva Jersey) y Mike Doyle (Pensilvania) mediante una carta a la Oficina Especial de Asesoría Legal, encargada de las violaciones éticas.
La solicitud de los representantes llega luego que esa oficina especial concluyó que uno de los comisionados, Mike O´Rielly, violó la Ley Hatch al participar en un panel de la Conferencia en donde instó a la reelección del presidente Trump, una promoción de candidaturas expresamente prohibida en su carácter oficial.
O´Rielly ya fue advertido por la Oficina de ética por dicha acción. Los demócratas indicaron que además este y los otros dos comisionados se rehusaron a cooperar en una investigación congresional al respecto.
El comisionado O´Rielly es mejor conocido en Puerto Rico porque en una carta caliente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares le amenazó con no otorgar hasta $780 millones que serían distribuidos en la Isla para restaurar el sistema de comunicaciones.
Rosselló Nevares es un prominente demócrata en la política nacional y se ha enfrentado a las agencias federales Fema y Cuerpo de Ingenieros del Ejército por su tardanza en dar la ayuda necesaria a la Isla tras el paso del huracán María.
La causa para la reciente carta de finales de abril, según el comisionado federal de la FCC, es que el sistema de emergencias 9-1-1 de Puerto Rico desvió indebidamente alrededor de $243,000, en dos ocasiones, al fondo general, cuando la ley federal exige que todo el presupuesto de los sistemas de emergencia se inviertan en sus operaciones y desarrollo técnico y humano.
La acción del 9-1-1 ocurrió durante los dos últimos años fiscales de la administración García Padilla, cuando la Ley 66 exigió que las agencias ahorrasen hasta un 10% de su presupuesto y lo retornaran al Fondo General.
Esta acción indebida la detuvo la administración Rosselló Nevares en el 2017.
El sistema de emergencias 9-1-1, contrario a lo que indicó hoy un comunicado del Senado, no recibe fondos federales de la FCC.
El presupuesto del 9-1-1 local se genera mediante el cobro de un cargo a las líneas telefónicas de 50 centavos a las personales y de $1.00 a las comerciales.
No obstante, los sistemas de emergencia se rigen por regulaciones federales, que ocupan el campo, entre ellas se exige que no haya sobrantes presupuestarios, sino que se tienen que reinvertir. INS
P. Rico-Secretaria de Recursos Naturales y Ambientales asegura que el patrimonio natural no está a la venta
San Juan, 9 may (INS).- La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez Rivera, aseguró ayer que las áreas naturales protegidas custodiadas y administradas por su agencia no están a la venta ni en alquiler.
Afirmó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) “continuará protegiendo y conservando las zonas que representan un alto valor ecológico para el país”.
De esta manera la titular de la agencia ecológica rechazó cualquier intento de venta o alquiler del Cayo Icacos y Cayo Ratones o áreas circundantes localizados en la Reserva Natural Arrecifes de la Cordillera en Fajardo, como había denunciado el presidente de la Cámara de Representantes Carlos Méndez Núñez, quien es natural de esa área. Este habría leído la puesta en venta en un catálogo internacional de propiedades.
Aseguró la funcionaria que los planes de la agencia continúan siendo el desarrollo del turismo ambiental con bajo impacto en la biodiversidad.
“Ningún área natural protegida está a la venta o alquiler. Lo único que estamos promoviendo para inyección económica son proyectos de turismo verde que promuevan una experiencia con la naturaleza y que sean de bajo impacto. En el DRNA no hemos sido partícipes de ningún proyecto o iniciativa para la venta de estas áreas. Aquellas propiedades que estén bajo la administración de Recursos Naturales y Ambientales por virtud de ley no están a la venta ni para renta”, subrayó Vázquez Rivera.
Explicó en declaraciones escritas que la Reserva Natural Arrecifes de la Cordillera está localizada a 1.5 millas náuticas al noreste de Fajardo y comprende una cadena de islas, cayos, islotes, arrecifes y praderas de yerbas marinas que sostienen una gran diversidad de especies nativas y protegidas.
Esta reserva fue recomendada por el Plan de Manejo de la Zona Costanera para su designación desde 1978 y en 1980 es designada como tal mediante la Tercera Extensión de la Resolución JP PU-002 por la Junta de Planificación de Puerto Rico, indicó la funcionaria.
“Por medio de ese mecanismo administrativo, el gobierno toma la decisión de proteger esta área de alto valor natural para asegurar que los usos y actividades en ella no afecten sus recursos naturales”, sostuvo. INS
P. Rico-Aumento de 35% en la renta de vivienda federal impactaría a sobre cinco mil familias, advierten que muchas no podrán pagar
San Juan, 9 may (INS).- El asesor legal de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Alejandro Salgado Colón, advirtió que alrededor de 5,520 familias que residen en los programas de vivienda pública en la Isla perderían el pago de renta negativa con el aumento propuesto por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD) a la renta en las viviendas públicas.
Las expresiones fueron vertidas ayer en el inicio del estudio de la Resolución de la Cámara 142 de la Comisión de Vivienda, que preside el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, que investiga las gestiones que ha realizado la AVP para atender el aumento en las rentas de los programa de vivienda en Puerto Rico.
“El aumento propuesto provocaría que muchas familias pierdan el pago por renta negativa, disminuyendo a su vez las ayudas que reciben para el pago de las utilidades, tales como el agua y la luz. Actualmente, el 66 por ciento de las 51,090 familias que viven en nuestro proyectos reciben un pago de renta negativa que los ayuda a cubrir estos gastos de utilidades”, añadió Salgado Colón.
De igual forma, al hablar a nombre del administrador de la AVP y secretario de Vivienda, Fernando A. Gil Enseñat, dijo que este se opone a cualquier aumento en el pago de renta.
Explicó que en la propuesta del HUD se pretende que los residentes paguen una renta equivalente a 35 por ciento de sus ingresos o una renta mínima de $50 mensuales, la cantidad que resulte mayor.
“Esto, equivale a un aumento de cinco por ciento en el pago de renta para los residentes que generan ingresos y que pagan una renta mínima de $25”, agregó.
Según los datos entregados a la Comisión, los participantes del programa bajo la sección 9 pagan una renta equivalente al 30 por ciento de su ingreso o un mínimo de $25 mensuales.
Al culminar la audiencia publica, el Presidente de la Comisión requirió datos de los inventarios de vivienda, cuántas vacantes existen por región y cuáles se encuentran en reparación o remodelación. INS
vac