P. Rico-Grupos de apoyo legal y de base comunitaria exigen que se garantice la participación “amplia y efectiva” en decisiones sobre el uso de fondos CDBG-DR

San Juan, 7 may (INS).- Líderes comunitarias, organizaciones de base, activistas y defensoras del acceso a la justicia en Puerto Rico y Estados Unidos manifestaron hoy su preocupación por la falta
de transparencia y participación en la toma de decisiones sobre el uso de los fondos del Community Development Block Grant- Disaster Recovery (CDBG-DR).
Los grupos exigieron que se abran los canales de participación para garantizar que las comunidades y organizaciones de base conozcan e incidan en un proceso que afectará la planificación, desarrollo y cómo se disfruta el derecho a la vivienda en Puerto Rico.
Además, reclaman, en específico, que se extienda el periodo para someter comentarios y que se conduzcan vistas públicas alrededor de la Isla a partir de la publicación Borrador del Plan de Acción.
Las exigencias se enviaron en una carta al Departamento de la Vivienda y el Desarrollo Urbano federal (HUD, siglas en inglés), el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, endosada por casi 70 entidades y comunidades de Puerto Rico y de Estados
Unidos.
Los fondos CDBG-DR son asignados por el gobierno federal a través de HUD para la recuperación a largo plazo luego del desastre. El gobierno de Puerto Rico es responsable de desarrollar un plan de acción sobre el manejo de estos fondos, usando como punto de
partida la participación amplia y efectiva de la sociedad civil.
El plan de acción debe ir dirigido a identificar las necesidades de vivienda, infraestructura y desarrollo económico de las comunidades.
La primera asignación, que se hará este año, será por la cantidad de 1.5 mil millones de dólares.
No obstante, en las audiencias públicas celebradas durante el mes de marzo con el fin de desarrollar el borrador del plan de acción, “resaltó la falta de convocatoria adecuada y la poca participación de grupos comunitarios. La gran mayoría de las ponencias fueron presentadas por municipios y agencias. Muchas de las propuestas llevadas contemplan el desplazamiento de comunidades históricamente vulnerables, las cuales no han tenido acceso a la información sobre los procesos de CDBG-DR o los planes propuestos”, dijo Ariadna Godreau Aubert, coordinadora de
Ayuda Legal Huracán María.
Añadió que “la publicación del plan de acción por parte del gobierno local está programada para el 10 de mayo de 2018, con un término de 14 días para comentarios, sin vistas públicas. Este término no es suficiente para ofrecer la información y los mecanismos adecuados para que lagente participe, defienda la integridad de sus comunidades y exija una recuperación justa y equitativa después del desastre”, aclaró.
A su vez, opinó que “nos parece inconcebible que los municipios y agencias enfatizan en desplazar comunidades denominadas ‘arrabales’ o ‘informales’ y que la gente en riesgo de perder su vivienda no tenga ni siquiera la oportunidad de conocer o impugnar el proceso”.
La abogada Mariel Quiñones Mundo, también parte de la iniciativa, indicó que “en otras jurisdicciones afectadas por desastres, se ha visto cómo estos fondos pueden promover el desplazamiento de poblaciones empobrecidas, el enriquecimiento de desarrolladores inescrupulosos y promover proyectos que no se relacionan con las
necesidades reales de las comunidades afectadas. Exigimos vistas públicas y un tiempo adecuado para comentar para promover una campaña amplia de educación, porque reconocemos la necesidad de que sean las personas más afectadas y vulnerables tras el huracán quienes asuman un protagónico en el diseño de su recuperación”.
Ayuda Legal Huracán María, junto a las entidades firmantes, anunciaron además una jornada de educación, participación amplia y abogacía que llegará a distintos lugares del país para aunar esfuerzos para garantizar el manejo efectivo de estos recursos.INS
lp