Por Obed Betancourt
San Juan, 14 dic (INS).- Los objetivos que se han trazado el gobierno, bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), y el mayor de oposición Partido Popular Democrático, para detener aspectos de la reforma contributiva federal son distintos, aunque mantienen una aparente alianza fomentada por sus máximos dirigentes, el gobernador Ricardo Rosselló y Héctor Ferrer.
Un tuit del dirigente del PPD Jorge Colberg Toro, ex secretario de partido, ex legislador, y ex alto funcionario de La Fortaleza bajo la gobernadora Sila Calderón, y los subsecuentes comentarios que surgieron, evidenciaron esas diferencias.
Colberg Toro ha estado en la capital federal cabildeando junto a miembros del PPD y el gobierno del PNP para que, en la reforma contributiva que pudiera aprobarse mañana viernes, la Ila no sea afectada por un lenguaje que le impone graves penalidades a las industrias norteamericanas en Puerto Rico que son tratadas, tributariamente, como empresas foráneas.
En el código de rentas federal, Puerto Rico es una jurisdicción foránea, a pesar de su integración en otros aspectos. La reforma contributiva federal pretende imponer altos gravámenes a aquellas empresas norteamericanas con sedes en zonas foráneas en el ánimo de que regresen a Estados Unidos a crear empleos y donde la reforma les puede favorecer contributivamente.
Puerto Rico es un limbo en ese código contributivo, y un dolor de cabeza por ser un territorio o colonia que no paga contribuciones federales, no tiene representación en el Congreso ni vota por el presidente.
Imponer a la Isla las nuevas tarifas representaría la pérdida de sobre 243,000 empleos y la escapada fuga de su industria manufacturera, mayormente farmacéutica y de biotecnología, ha advertido el gobernador.
Este busca que la Isla sea tratada, en términos contributivos, como a los demás estados, es decir, tratarlo como jurisdicción doméstica. Esta perspectiva sin embargo, como cualquier otra que se recomiende, tiene ribetes políticos. Para el PPD, es un acercamiento hacia la estadidad.
Colberg Toro, que participa del “frente común” convocado por Rosselló para formar un grupo multisectorial que refuerce la advertencia del daño que la reforma, sin eximir a la Isla, causaría a la ya devastada economía criolla, tiene igualmente un reto frente a estrategias propias de la comisionada residente Jenniffer González Colón.
El exlegislador del PPD dijo en su tuit de ayer que “esfuerzos en mantener nuestra autonomía fiscal van viento en popa en Washington DC a pesar de que algunos insisten en convertirnos en jurisdicción doméstica y pagar taxes. Serán derrotados”.
Las expresiones marcan la profunda diferencia ideológica entre el PPD, que apoya al territorio, y el partido de gobierno, que promueve la estadidad.
El territorio no paga contribuciones federales, por ingresos de salario o corporativos. No obstante, la reforma, al tratar a la Isla como jurisdicción foránea, penaliza las industrias norteamericanas en la Isla.
Este asunto, para el PNP, es absurdo, pues es Puerto Rico una jurisdicción dentro de Estados Unidos, aunque sea para todos los demás aspectos programáticos, políticos y de justicia.
Para el PPD, sin embargo, no pagar contribuciones es precisamente la virtud del territorio.
En Washington, según el tuit de Colberg Toro, ambos partidos promueven la misión política de sus respectivos partidos, lo que ridiculiza el alegado frente para detener los efectos de la reforma federal en Puerto Rico. INS
ob