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Santo Domingo, 13 dic (INS).- El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló que hay más de 100 personas que son de interés del Ministerio Público por su presunta vinculación con los sobornos pagados en el país por el conglomerado brasileño de ingeniería y construcción Odebrecht para ser favorecidos con obras del Estado dominicano.
Rodríguez explicó que esas personas son investigadas por haber tenido algún tipo de participación en el entramado mediante el cual la multinacional distribuyó a funcionarios y exfuncionarios los 92 millones de dólares entre los años 2001 y 2014.
El funcionario, quien no dio mayores detalles de la investigación, dejó entrever en una conversación con directivos de medios de comunicación que estas personas habrían sido beneficiarias de recursos económicos o utilizadas ya sea para transferencias de dinero, compra de bienes, movimientos financieros entre otras acciones propias de los procesos de pagos de sobornos.
Las personas físicas o morales que están en la mira de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) estarían vinculadas al empresario Ángel Rondón Rijo, citado como el intermediario en la República Dominicana de la multinacional carioca que distribuyó el dinero.
A Rondón Rijo, llamado “El hombre del maletín”, se acusa de ser el responsable de distribuir los sobornos a funcionarios, políticos y legisladores nacionales.
Según el Ministerio Público, junto al empresario están vinculados al escándalo de sobornos el exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás; los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, el diputado Alfredo Pacheco, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado notario Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado, Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González.
También al exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez; el exvicepresidente de ese organismo, Radhamés Segura; el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo de Óleo; el exdirector técnico de la Egehid, Bernardo Castellanos; y el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados, Roberto Rodríguez, entre otros posibles nuevos imputados.
El pasado 29 de mayo, la Procuraduría General de la República solicitó medidas de coerción de 18 meses de prisión contra esos ciudadanos, luego de ser arrestados en varios allanamientos en diversos puntos del Distrito Nacional.
En esa ocasión, el juez de la Instrucción Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia, impuso medidas de coerción contra el grupo de seis meses a un año de prisión, pero la decisión fue apelada por los imputados.
Sin embargo, los jueces de la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, al revisar las medidas, dispusieron la libertad de los implicados variando la decisión del juez Ortega Polanco.
En cambio, ordenaron el impedimento de salida del territorio nacional, el pago de una garantía financiera y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa hasta que concluya el proceso de investigación. INS
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