Santo Domingo, 19 sep (INS).- Cinco organizaciones de la sociedad civil reiteraron una solicitud al Ministerio Público para que profundice la investigación de una denuncia que hiciera sobre presunto financiamiento ilícito de campañas electorales en República Dominicana, en 2012 y 2016, por parte de la constructora brasileña de Odebrecht,
Así lo expresaron este representantes del Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Centro Montalvo, Fundación Masada y Santiago Somos Todos, ante la falta de actuación de las autoridades sobre la denuncia penal en la que solicitan una investigación.
Dicen que a cuatro meses de haber recibido la denuncia, la Procuraduría General de la República no ha avanzado con las investigaciones correspondientes, “a pesar de la gravedad de los ilícitos denunciados; la referencia de elementos probatorios fehacientes y concordantes y la inequívoca relación de los elementos anteriores con la normativa punitiva aplicable”.
En un documento, las organizaciones añadieron nuevos elementos de prueba relacionados a acontecimientos que ocurrieron posterior a su entrega el pasado 2 de mayo.
Entre estos figuran las declaraciones de Juan Temístocles Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien admitió en un comunicado publicado en espacio pagado, que recibió aportes para tres campañas políticas de su partido por parte de Ángel Rondón, representante comercial en el país de la compañía, durante los años 2008, 2012 y 2016.
También se agrega la declaración del coimputado Víctor José Díaz Rúa, en la que narró que para la construcción de la segunda etapa del acueducto de la Línea Noroeste en el año 2005, el entonces secretario de la Presidencia, Danilo Medina Sánchez, fue quien personalmente dirigió la misión oficial que se trasladó a Brasil a gestionar el apoyo financiero para ésta y otras obras públicas.
Se incluye, además, la Resolución 47/17, sobre las medidas de coerción en contra de los imputados del caso de sobornos Odebrecht, en la que el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, admitió, que la entrega de fondos, favores o pagos en especie a un funcionario público, constituye un ilícito penal cuando el propósito sea la obtención de beneficios o ventajas determinadas para aquel que la hace.
Comentan también la entrevista realizada por el periódico español El País al abogado de la constructora, Rodrigo Tacla, “entre los elementos de prueba por considerar de gran interés las informaciones allí presentadas. En el reportaje titulado “El gran escándalo de América, al descubierto” y publicado el pasado 28 de julio, Tacla expone el esquema de corrupción utilizado por la empresa.
Expresan que “el candidato y presidente Danilo Medina reconoció en el 2016, en una entrevista a un medio de comunicación, que el publicista brasileño Joao Santana era su principal asesor de campaña y admite que el señor Joao Santana ha estado en el equipo de asesores de mi campaña como el asesor principal, porque son varios, está afectado de una acusación que le hacen en su país y él espontáneamente me dijo que tenía que ir a enfrentar su situación a Brasil”.
Ante estos y otros indicios, las organizaciones demandan al Ministerio Público, esclarecer si el oficialista PLD recibió fondos de la multinacional carioca a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “Cine&Art2013, SRL”, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil.
“De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil, de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, su Constitución, el Código Penal, la Ley Electoral, la Ley de Lavado de Activos y la Ley sobre el Soborno en el Comercio y la Inversión”, agregaron.
La denuncia especifica que en una cuenta establecida en un banco de Santo Domingo la empresa de campaña electoral del Joao Santana, asesor del presidente Danilo Medina, recibió 4 millones 396 mil 796 dólares entre octubre del 2013 y julio del 2014 en 16 transferencias provenientes de la citada constructora establecidas en Lima Perú, cuyo destino final es de fácil rastreo en el sistema bancario. INS
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