R. Dominicana-Procuraduría solicita prisión preventiva para un abogado por los sobornos en la compra de los aviones Súper Tucano

Santo Domingo, 7 sep (INS).- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó prisión preventiva para otro de los seis implicados en el caso de los sobornos por US$3.5 millones que la empresa Brasileña de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber pagado para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.
En la acusación depositada el martes en la  noche en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional,  la Pepca pidió la imposición de esa medida de coerción para el abogado notario, Félix Del Orbe Berroa.
Conforme a la acusación, el ministerio público estableció que Del Orbe Berroa legalizó los contratos de venta viciados de falsedad suscritos entre el exministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, y la compañía Ares Security and Training, S.R.L, que le compró dos inmuebles al imputado Peña Antonio, quien es el verdadero propietario de esa compañía.
Al profesional del derecho se le incrimina de incurrir en los tipos de asociación de malhechores y falsedad en escritura, contenidos en las disposiciones de los artículos 145, 146, 265 y 266 del Código Penal dominicano.
La Procuraduría, igualmente, solicitó que sea renovada la medida de coerción impuesta al exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea, coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, quien guarda prisión preventiva, así como a Pedro Rafael Peña Antonio,  Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, quienes tienen medida de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, por estar configuradas las circunstancias establecidas en los artículos 227, 229 y 301 del Código Procesal Penal y no haber variado las circunstancias que dieron origen a la misma.
Además, demandó ordenar en favor del Estado, el decomiso inmediato de los bienes,  productos o instrumentos relacionados con las infracciones imputadas a Peña Antonio y Piccini Núñez.
El pasado martes, el Ministerio Público acusó formalmente a seis personas por la alegada participación en los supuestos sobornos. La incriminación afecta al exministro de Defensa, Rafael Peña Antonio, el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como contra las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
Los aviones Súper Tucano fueron adquiridos durante la gestión del presidente Leonel Fernández para resguardar el espacio aéreo y combatir las acciones del narcotráfico que esos días tomaba a la República Dominicana como zona estratégica para transportar droga con destinos hacia Estados Unidos, Europa y otros países.
Este es el segundo caso de corrupción llevado ante los tribunales dominicanos, luego del sometimiento a la justicia de 14 personas implicadas en el pago en sobornos por 92 millones de dólares promovidos en el país por la compañía brasileña Odebrechet entre funcionarios gubernamentales y legisladores.
Por el caso, fueron acusados Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa y Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá. Además, los senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santiago y San Cristóbal, respectivamente, Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, a quienes el Congreso Nacional tiene pendiente conocerles el desafuero.
A excepción de Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, que guardan prisión preventiva por nueve meses, los demás imputados están en libertad por mandato de los jueces de la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que les ordenó presentarse periódicamente ante el Ministerio Público, además de disponer el impedimento de salida del país y una fianza millonaria para poder salir de la prisión. INS
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