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Santo Domingo, 30 may (INS).-El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, ordenó este miércoles mediante sentencia a la Procuraduría General de la República entregarles pruebas sobre el caso Odebrecht a dos de 14 personas acusadas de recibir sobornos de la constructora brasileña.
El magistrado Ortega tomó la decisión al acoger en una audiencia un pedimento de los imputados Ángel Rondón y Andrés Bautista, a través de sus abogados.
Ambos fueron sometidos a la justicia bajo cargos de recibir supuestas coimas de los 92 millones de dólares que Odebrecht entregó para distribuir a funcionarios estatales, políticos y legisladores a cambio de obtener contratos privilegiados en obras del Estado dominicano entre el 2001 y 2014.
En el fallo judicial se ordena al Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), “poner a disposición de los imputados Porfirio Andrés Bautista y Ángel Rondón Rijo, impetrantes en la especie, sin obstáculos ni demora, todas y cada una de las actuaciones procesales que a éstos, en su calidad de imputados, interesan dentro de la investigación de que se trata”.
Expresó el juez Ortega en su decisión que entre esas pruebas están excluidas “aquellas que estén en curso y, por ende su comunicación comprometa su eficacia o que se justifique razonablemente y sujeto a una motivación suficiente, su negativa o reserva”.
Bautista y Rondón, pedían que se le ordene al Ministerio Público poner a su disposición las actuaciones procesales que hasta el momento han recabado en la investigación, entre ellas las solicitadas a través de la cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, España, Argentina, entre otros países, así como las pedidas a instituciones de República Dominicana.
Además de esas dos personas, figuran como acusados César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Radhamés Segura, Ruddy González y Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos de Moya.
Asimismo, por su presunta implicación en este entramado ilícito están los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, y al diputado de la oposición Alfredo Pacheco, que no fueron arrestados como los otros por disfrutar de inmunidad parlamentaria.
Todos se encuentran en libertad condicional por disposición de los jueces al variarles las medidas de coerción de tres meses a un año por el pago de fianzas millonarias, presentación periódica ante la Procuraduría General de la República e impedimento de salida. INS
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