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San Juan, 29 May (INS).- Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Jesús Santa Rodríguez y Roberto Rivera Ruiz de Porras tildaron de anti trabajador al gobierno y a la junta de control fiscal.
Hernández Montañez, portavoz de la minoría del PPD en la Cámara de Representantes, denunció que el documento presentado por la Junta de Supervisión Fiscal para justificar la derogación de la Ley 80 (Ley de indemnización de despido sin justa causa) no refleja las proyecciones económicas que demuestren que su derogación tendrá efectos positivos a la economía.
“Tenemos ante nosotros un documento de 2,198 páginas sobre artículos de revista basados en otras jurisdicciones que no son comparables con la realidad socioeconómica de Puerto Rico, por lo que es un referente que no demuestra absolutamente nada. En ninguna parte del informe presentado por la Junta se evidencia claramente que la derogación de la Ley 80 traerá algún beneficio económico para el país. Lo que sí se desprende de este escrito en su página 22 es que derogar la Ley 80 no va a curar la economía por sí sola”, expresó Santa Rodríguez.
Por su parte, Hernández Montañez dijo que “lo citado en la página 22 junto a lo expuesto en la página 9, evidencia que derogar la Ley 80, según la Junta no es suficiente, por lo que el recorte a los beneficios laborales como el bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad siguen siendo necesarios. Esto confirma lo que hemos dicho anteriormente, Rosselló y la Junta persiguen lo mismo: continuar eliminado los derechos desde una visión en contra de los trabajadores”.
“No podemos pasar por alto que la Administración Rosselló implementó la Ley 4 de 2017 (Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral) con la que recortó licencias de vacaciones y enfermedad, trastocó la Ley 80, quitó varias protecciones laborales y redujo las aportaciones al plan médico bajo la misma amenaza de que perderíamos empleos. Sin embargo, no hace sentido continuar con una política pública de quitar beneficios a los trabajadores, cuando según este mismo informe dice, esta legislación ha sido un fracaso”, indicó Tatito Hernández.
El PPD aprobó bajo su administración la famosa Ley 66, que recortó beneficios a los trabajadores y congeló sueldos y otros beneficios a los obreros unionados. Además impuso sobre 50 nuevos impuestos, entre ellos a la gasolina, y aumentó el IVU de 7% a 11.5%.
Por otro lado, el representante Rivera de Porras manifestó que la falta de ofertas de trabajo en la Isla “no puede ser una excusa para quitarle más beneficios laborales a nuestros trabajadores”.
“La verdadera razón para que en Puerto Rico haya una reducción en la tasa de participación laboral y un aumento en el desempleo no son los beneficios laborales, sino la falta de competitividad del empresarismo puertorriqueño por la pérdida de las 936 bajo la administración de Rosselló padre; el colapso de la industria de la construcción, bajo el mandato de Fortuño; y la exclusión de la Isla de la Reforma Contributiva Federal, bajo la incumbencia de Ricardo Rosselló”, añadió.
El mantengo corporativo de la sección 936 del Código federal de Rentas Internas fue recortado por el Congreso a mediados de la década de 1990 en el afán de cuadrar el déficit billonario. Este no se hizo efectivo sino hasta mediados de la década de 2000, cuando ya había dos administraciones del PPD en el gobierno. La industria que se benefició de esa sección fue esencialmente la farmacéutica, no el empresario puertorriqueño.
Rosselló se opuso a su recorte en el Congreso, de la manera en que estaba legislado.
Por último, Hernández Montañez auguró que “de continuar con este patrón por parte de Rosselló y la Junta, el regreso a la libreta de jornalero está a la vuelta de la esquina”. INS
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