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San Juan, 15 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares fue acusado hoy de pretender manipular a la opinión pública con el propósito de destruir el sistema de pensiones de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
De acuerdo con síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, la manipulación para crear una opinión pública adversa incluye usurpación de poderes, conflicto de intereses y violaciones de leyes y cánones de ética de personal gubernamental y contratados por el gobierno.
Las imputaciones contra el mandatario surgen luego que síndicos de ese sistema de retiro conocieran de la orden ejecutiva OE-2018-012, la cual coloca en sindicatura parcial a la Junta de Síndicos que administra el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE y, como reacción, acudieran al tribunal por considerar nulo ese proceder.
“Esa orden ejecutiva es nula, (pues) el gobernador no tiene facultad para intervenir en un sistema de retiro que no es parte de la Rama Ejecutiva”, indicó José Rivera Rivera, presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE.
Refirió que este sistema de retiro es un fideicomiso creado en virtud de una negociación colectiva con capacidad jurídica propia reconocida por el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, en su decisión civil SJ-2015-CV00100, al igual que por la Rama Legislativa.
“Aún si el gobernador tuviese esa facultad, su orden sigue siendo nula porque está basada en falsas premisas”, insistió Rivera al sostener que el gobernador Rosselló Nevares “le falta a la verdad”.
El gremialista alegó que la Junta de Síndicos cumplió cabalmente con sus obligaciones, según dispuestas en el Reglamento del Sistema de Retiro, contrario a lo que aseguró el gobernante en la orden ejecutiva.
El síndico Erasto Zayas López explicó que, contrario a lo que alega el gobernador Rosselló Nevares, los estudios actuariales correspondientes a los años 2013 hasta 2017 fueron realizados de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y se utilizaron los supuestos actuariales aprobados por la Junta de Síndicos, única entidad facultada para ello.
Además, dijo, los estados financieros auditados para los años 2013-2014 y 2014-2015 fueron certificados y circulados de conformidad con las normas y leyes aplicables.
“Los síndicos que representamos a los dueños de este sistema de retiro, que somos los trabajadores activos y jubilados de la AEE, no vamos a descansar hasta desenmascarar a este gobierno de mentiras y represión; y aunque ya acudimos al tribunal para reclamar justicia, no descartamos otras acciones”, recalcó Zayas López.
Mientras, Rivera detalló que, contrario a lo expresado por el gobernador en la orden ejecutiva, los estudios actuariales que deben realizarse anualmente, fueron realizados.
“Los síndicos designados por la Junta de Gobierno de la AEE nombrados por el mandatario, violaron su responsabilidad fiduciaria y el mandato reglamentario y se negaron a implementar las recomendaciones del actuario”, alegó.
Rivera anotó que cuando el gobernador Rosselló Nevares menciona a “algunos miembros de la Junta de Síndicos, que no cumplieron con su deber” no se refiere a ellos, sino a los que denunciamos sus mentiras.
Ambos síndicos del Sistema de Retiro de la AEE, Rivera Rivera y Zayas López, detallaron que la respuesta de la administración Rosselló Nevares, ante tal situación, fue anular el Contrato del Auditor Externo con el Sistema de Retiro basado en una opinión legal que catalogaron de descabellada, en la cual se sometió unilateralmente un plan de pago de la deuda, desconociendo las facultades de la Junta de Síndicos.
Denunciaron que el gobierno contrató de manera ilegal a la firma RSM, que incluyó una cláusula para recoger y enmendar el Estado Financiero del Sistema de Retiro de 2015 y estableció supuestos actuariales en 2018 determinado por ajenos al Sistema de Retiro, para aplicarlos retroactivamente a los años 2013, 2014 y 2015.
Ese estudio, dijeron, que debe incluir cinco años retroactivo, fue ordenado por la Junta de Síndicos en su reunión del 18 de febrero pasado y aún no lo han recibido
Aun así, denunciaron, se recogieron y enmendaron ilegalmente los estados financieros de los años 2013, 2014 y 2015.
“Toda esta situación que hoy denunciamos, está plagada de manipulación de hechos, usurpación de poderes, conflictos de interés y posibles violaciones a las leyes y de cánones de ética de abogados, contadores públicos autorizados y actuarios, los cuales reflejan el carácter de un gobierno que ha defraudado la confianza que el pueblo le depositó”, adujo Rivera Rivera. INS
ndc