R. Dominicana-Califican de “improcedente” demanda de la empresa Lajun Corporation por 300 millones de dólares al Estado dominicano

Santo Domingo, 18 abr (INS).- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, calificó de “improcedente” la demanda de la empresa Lajun Corporation por 300 millones de dólares al Estado dominicano, bajo el argumento jurídico de daños y perjuicios.
La acción legal es también por alegada violación del contrato entre el Estado dominicano y esa compañía, que fue despojada de la administración del vertedero de Duquesa, ubicado en el municipio Santo Domingo Norte y puesto en control del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Lajun ha interpuesto una demanda arbitraria internacional contra el Estado dominicano, pero tendremos una defensa firme con todo el rigor jurídico y necesario para que prevalezca el interés público y común”, dijo el funcionario.
Explicó que “estamos haciendo las coordinaciones correspondientes para contratar la firma de abogados internacionales especialistas en materia de arbitraje y estamos todavía en ese proceso”.
Espinal dijo que en el proceso participan la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, la mancomunidad de alcaldías del Gran Santo Domingo y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Asimismo, indicó que han convocado a un número considerable de firmas para que sometan sus propuestas, pero que especialmente trabajan en hacer un acopio de toda la evidencia que sirva de soporte en la defensa del Estado dominicano en ese arbitraje.
Se recuerda que el 20 de diciembre de 2017, uno de los inversionistas de Lajun informó que notificó al gobierno un aviso de controversia sobre inversiones en la República Dominicana, al considerar que fue objeto de expropiación ilegal de sus inversiones en el vertedero de Duquesa.
La notificación fue hecha por el inversor Michael Lee-Chin, de nacionalidad jamaiquina, quien sostiene que con las acciones del Estado quisqueyano sobre sus inversiones, se violó el Anexo III del Acuerdo de Libre Comercio Caricom, por lo que reclamó 300 millones de dólares como arreglo para evitar ir a un arbitraje internacional.
El acto legal habría sido notificado al presidente Danilo Medina, al procurador general de la República, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y a la Contraloría General a través de la oficina de abogados Hogan Lovells LLP de EE.UU, con sede en Miami, Florida, representada por Richard C. Lorenzo. INS
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