P. Rico-Buscan “solución final” para el problema de alcantarillado en la comunidad Santa Rita de Fajardo, donde rige estado de emergencia decretado por el gobernador

San Juan, 8 mar (INS).- La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste, presidida por el representante Samuel Pagán Cuadrado, analiza la resolución de la Cámara 328, que ordena una investigación de las gestiones realizadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en torno a las instalaciones de alcantarillado sanitario de la comunidad Santa Rita, ubicada en el municipio de Fajardo.
La pieza, sometida por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, expone que esta conexión sanitaria debió realizarse en 2000 por parte del desarrollador Social Interest Growth Associates (SIGA) y realizar una consulta ambiental con la Junta de Calidad Ambiental (JCA).
Durante los trabajos de la Comisión, Ángel Meléndez. de la JCA, narró que la agencia intervino en este caso en 2006 para que el desarrollador cumpliera con el mandato de ley, de modo que se evitara daños ambientales, pero SIGA, y más tarde Doral, disputaron estas órdenes en los tribunales.
El 5 de abril del pasado año, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia en esta comunidad y ordenó que la AAA, junto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead) y la JCA, realizaran las gestiones correspondientes para agilizar las labores de manejo y tratamiento de aguas usadas generadas por la comunidad.
Sin embargo, el 31 de julio de 2017 la AAA informó que SIGA abandonó la operación del sistema de tratamiento, por lo que la corporación tuvo que enviar a su personal para mantener la operación de la planta para evitar que la comunidad se viera afectada por los desbordes.
Melendez indicó que ante la preocupación de la AAA de operar el sistema sin permiso de operación u orden administrativa, la JCA aprobó una autorización de emergencia para la operación de la planta, lo que relevó a la corporación de penalidades y violaciones ambientales.
El deponente indicó que ante esta experiencia, la investigación que lleva a cabo la Comisión debe ir dirigida a lograr “cambios en la legislación para proteger a los individuos de grupos de personas irresponsables que se escudan detrás de las figuras corporativas para abandonar proyectos previo a la culminación de los mismos, sin tomar en consideración las inversiones de buena fe de quienes se ven afectados y el medio ambiente”.
Mientras, Joel Ayala, abogado de la división de opinión y legislación de la AEE, informó que la corporación ya realizó los trabajos para que funcione el sistema y que solo faltaría determinar qué persona o entidad se haría cargo de la cuenta, para electrificarlo.
Ante ello, los legisladores solicitaron, tanto a Ayala como a los funcionarios de la AEE, que se realice un estudio para determinar que agencia será responsable de pagar por el servicio.
En ese sentido, Roberto Guzmán, de la AAA, indicó que en la actualidad el sistema se opera bajo un estado de emergencia, por lo cual se ha cargado a una cuenta provisional cuyos costos la corporación asumió y que más adelante se determinará a qué agencia se le cobrará.
En tanto, Raquel Matos, de la AAA, informó que los vecinos de la comunidad se encuentran en el Tribunal de Fajardo en un pleito contra el representante de SIGA, de la cual la AAA es parte, para poder cobrar los costos en los que han incurrido.
La vicepresidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, sugirió que la AEE electrifique a la brevedad posible el sistema y que entren al pleito para recobrar los costos en los que se incurra para ofrecer estos servicios.
Ayala se comprometió a llevar estas recomendaciones ante los directivos de la AEE, para que se estudie las alternativas.
El funcionario acogió además una sugerencia del representante Ángel Matos García, de estudiar la posibilidad de que la corporación asuma por seis meses estos costos para que luego se recobren en la sentencia en el tribunal.
Johanny Llabrés, portavoz de los residentes de la urbanización Santa Rita, reclamó ante la Comisión que se tome acción lo más pronto posible, ya que la salud de los vecinos está afectada.
Además recomendó, que se legisle de modo que no se den permisos a los desarrolladores, si no cuentan con las autorizaciones requeridas de las agencias reguladoras.INS
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