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Las imágenes muestran a los hermanos Espaillat López (arriba) abandonando la sala de audiencia y el rostro de Wilson Camacho, representante del Ministerio Público. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 15 jun (INS).-El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este lunes la celebración de un juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025 dejando 236 personas fallecidas, entre estas el merenguero Rubby Pérez, y más de un centenar de heridos.
El árbitro judicial mantuvo la calificación jurídica de homicidio involuntario, rechazó imponer prisión preventiva a los imputados y mantuvo las garantías económicas de 50 millones de pesos (US$ 850,630) para cada uno, el impedimento de salida del país y la presentación periódica los días 30 de cada mes.
En la República Dominicana, el homicidio involuntario se tipifica en el Artículo 319 del Código Penal y se refiere a la muerte de una persona sin intención directa de matarla, como consecuencia de torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de reglamentos. Conlleva prisión correccional de tres meses a dos años.
En el aspecto de la medida cautelar, se decidió mantener las medidas de coerción vigentes contra los encartados, por considerarlas proporcionales y suficientes para garantizar su presencia en el proceso.
El juez Raymundo Mejía dispuso la inmovilización de los bienes por un monto hasta los 500 millones de pesos (US$ 8,506,307) y aceptó la inclusión de los terceros civilmente demandados y sus elementos probatorios.
Entre las entidades y personas físicas señaladas se encuentran Inversiones NLS, S.R.L, Radio Cadena Comercial, S.R.L, difusora El Hemisferio, S.R.L, inversiones CCP2, S.A, Evelyn López y Grecia López.
Durante la lectura del fallo, el tribunal declaró admisibles las querellas y constituciones en actores civiles que cumplieron con los requisitos legales, enviando sus respectivos medios de prueba a la fase de juicio para su debida valoración.
Por igual, admitió en su totalidad la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público (testimoniales, periciales, documentales y materiales), así como las suministradas por la defensa, al considerar que cumplen con los criterios de legalidad, pertinencia y utilidad.
Como novedad para asegurar la eventual reparación de los daños y perjuicios, el juez acogió la solicitud de medidas conservatorias, imponiendo un embargo conservatorio y retentivo, así como la inscripción de hipotecas judiciales sobre los bienes muebles, inmuebles, activos y valores tanto de los imputados como de las empresas y terceros civilmente demandados.
El tribunal ordenó la remisión inmediata del expediente completo al tribunal de juicio correspondiente. Las partes de este proceso quedaron formalmente convocadas a comparecer ante dicho tribunal de juicio en un plazo de cinco días a partir de la entrega íntegra del fallo para hacer valer sus derechos, momento en el cual también comenzarán a correr los plazos legales correspondientes.
Valora decisión
En ese sentido, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, calificó como «apegada a derecho» la decisión del magistrado Raymundo Mejía e informó que el acusador se prepara para solicitar las sanciones más severas contempladas en la legislación dominicana cuando se conozca la vista procesal.
Al ser preguntado sobre la decisión del tribunal de admitir el informe pericial de la defensa para el juicio de fondo, Wilson Camacho se mostró completamente confiado en la solidez de sus evidencias científicas.
«A nosotros no nos preocupa el nuevo peritaje porque ese peritaje igual dice que hubo negligencia y que hubo imprudencia, y eso es lo que ha imputado el Ministerio Público», aclaró.
El director de persecución recordó que, desde el «momento uno», las autoridades agotaron todos los recursos legales para esclarecer el colapso. Para ello, el Ministerio Público ordenó un exhaustivo peritaje que contó con la participación de un perito internacional con el objetivo de reconstruir de forma irrefutable cómo ocurrieron los hechos.
Según Camacho, ambas pericias —tanto el de la fiscalía como el de los acusados— coinciden inequívocamente en que la culpa del colapso estructural de la discoteca Jet Set recae sobre los hombros de los dos acusados.
Indicó que, en el auto de apertura a juicio, el Ministerio Público se moviliza hacia la siguiente etapa del proceso penal con un único norte: obtener justicia ante una de las peores tragedias de negligencia estructural registradas en la ciudad.
«Hay que recordar que este es un caso sobre el que no existen palabras para uno poder describir el dolor que provocó a las víctimas directas y el dolor que provocó en el centro del alma del pueblo dominicano”, adujo. INS
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FALLO JURÍDICO-01-INS
Las imágenes muestran a los hermanos Espaillat López (arriba) abandonando la sala de audiencia y el rostro de Wilson Camacho, representante del Ministerio Público. (Fuente externa). Inter News Service