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Gabriel López Arrieta aspiraa la legislatura por el PPD. Inter News Service
San Juan, 4 ago (INS).- El candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la Cámara de Representantes por acumulación Gabriel López Arrieta, hizo un llamamiento al Departamento de Justicia para que atienda las serias irregularidades señaladas contra la Administración de Vivienda Pública (AVP), en un informe del Inspector General de Puerto Rico entre los años 2021 al 2024.
El informe expone graves irregularidades y una mala gestión en la Administración de Vivienda Pública, destacando un caso en el que un contratista obtuvo ganancias millonarias mediante fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.
“Es inaceptable que un contratista haya obtenido ganancias millonarias a costa de los fondos públicos que deberían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades más vulnerables y que la AVP no haya tomado acción. El informe debe ser enviado al Departamento de Justicia para que se fijen responsabilidades”, declaró López Arrieta, exadministrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP).
Según detalla el informe del Inspector General, se cuestiona pagos millonarios realizados por la AVP a contratistas, incluyendo las ganancias por más de $7 millones obtenidas por uno de ellos.
Tales beneficios fueron resultado de un margen de ganancia del 36% al 52% sobre el costo por hora del personal de un subcontratista, sin una disposición negociada en los contratos para que se justificaran tales márgenes.
“Este informe es un reflejo directo de la falta de supervisión y transparencia por parte de la administración actual. No podemos permitir que los recursos federales, tan necesarios para nuestra isla, sean mal administrados y terminen beneficiando a unos pocos en lugar de cumplir su propósito de asistir a las familias puertorriqueñas en necesidad”, precisó López Arrieta.
El análisis del Inspector General cubrió el período del 1 de julio de 2021 al 1 de marzo de 2024, enfocándose en la utilización de los fondos federales por la AVP para la implementación y administración del Programa de Asistencia para la Renta por COVID-19. Se descubrieron posibles irregularidades en el pago de $7.8 millones en fondos cuestionados, así como 878 casos de fraude confirmados totalizando aproximadamente $2.75 millones.
“Es nuestro deber, como servidores públicos y representantes del pueblo, exigir una rendición de cuentas inmediata y tomar medidas correctivas para evitar que este tipo de abusos vuelvan a ocurrir. Es imprescindible que la administración actúe con firmeza y celeridad, implementando las recomendaciones del Inspector General y asegurando que los responsables de estos actos rindan cuentas ante la justicia por sus acciones”, añadió López Arrieta.
El informe también señaló que la AVP no devolvió un sobrante de $1,181,587.51 al gobierno federal, incumpliendo así las estipulaciones de reembolso de fondos no utilizados.
Además, la AVP está incumpliendo las directrices del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) respecto a la eficiencia gubernamental y la protección de la privacidad.
“Puerto Rico merece una gestión pública transparente, eficiente y comprometida con el bienestar de sus ciudadanos. Es hora de que se tomen las decisiones difíciles para corregir el rumbo y restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se perpetúan estas injusticias. Nos toca actuar”, remató López Arrieta.INS
ndc
