P. Rico-Exigen que se haga pública la cantidad de residentes del noroeste y los barrios donde se destruirán miles de viviendas por extensión de la PR-22

San Juan, 14 mar (INS).- El presidente de Ciudadanos del Karso (CDK), Abel Vale, pidió hoy que sea difundida por el gobierno la cantidad de residentes del noroeste y los barrios donde se destruirán miles de viviendas por la extensión de la autopista PR-22.

Miles de residentes de las comunidades en los pueblos de Hatillo, Camuy, Quebradillas, Isabela, Moca y Aguadilla serán expropiados para extender a campo traviesa el expreso PR-22 hasta Aguadilla.

Frente a esta situación, Vale declaró que «en estos momentos nos es imposible identificar cuáles y cuántas comunidades serán impactadas debido a que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ha mantenido oculta la información, para que los ciudadanos no se enteren. Esta es otra forma en que el Estado le impide a los ciudadanos el acceso a información pública».

Añadió que “hasta que se publique la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no se sabrá con exactitud cuáles serán esas comunidades. El problema se agrava por la inusitada prisa del gobierno con este proyecto. Los ciudadanos contarán con un periodo reducido para enterarse, informarse y poder participar del proceso, todo ello luego de tener que leer un documento técnico de cientos de páginas. El pueblo de Puerto Rico bien conoce las turbiedades que ocurren y las consecuencias cuando no se evalúan con rigor los posibles impactos sobre los sistemas naturales”. 

Advirtió que “cuando secciones de la autopista comiencen a tener problemas de deslizamientos o socavones al haber sido construida sobre terrenos arcillosos del karso, los daños los pagaremos todos con nuestro dinero”.

La catedrática en Derecho, Jessica Rodriguez Martin, comparó el proceso de extensión de la PR-22 con el de la Ruta 66, ocurrido a finales de la década de los 90.  

Recordó que en aquel proyecto se logró salvar a las comunidades establecidas en Río Piedras desde el Jardín Botánico de la UPR hasta pasado el barrio San Just en Trujillo Alto. 

“No obstante, miles de residentes de los tramos construidos perdieron sus hogares, y una vida de años en comunidad junto a sus familias extendidas. Gente que había heredado sus solares de los padres, que había adquirido sus propiedades pagándolas peso a peso, que construyeron sus casas con sus propias manos y esfuerzo, fueron desalojados porque el gobierno tomó la decisión de pasarles literalmente por encima”, sentenció.  

Consignó que “las familias expropiadas recibieron una cantidad de dinero insuficiente para adquirir otra propiedad por lo que fueron divididas y repartidas entre residenciales de varios municipios. Recuerdo una llamada telefónica ocurrida de madrugada en la que me comunicaron que una de las vecinas de un barrio rural de Carolina, había intentado quitarse la vida cuando fueron a despojarla de lo poco que tenía. Aquella mujer que había sido feliz en su campo cayó en tal desesperanza, que no encontraba respuestas para su futuro. Otros y sucumbieron al alcohol y a las drogas», expresó Rodríguez Martín.

Vale Nieves y Rodríguez Martin exigieron a la secretaria de la ACT, Eileen Vega, que revele el “gran misterio” de cuántas familias serán impactadas y los barrios por afectar o desaparecer.INS

lp