
Wilson Gómez Ramírez, Abel Martínez y Enrique García. Inter News Service
Santo Domingo, 14 feb (INS).- La intención del gobierno dominicano de dotar de documentación de identidad a los extranjeros que cruzan la frontera dominico-haitiana con propósitos comerciales, especialmente los haitianos, ha despertado diversos rechazos de parte de figuras de la oposición y de la población general.
La medida fue anunciada a través de la Dirección General de Migración, pero de inmediato el titular de organismo, Enrique García, enfrentó esas reacciones al declarar que la gente tiene muy poco conocimiento sobre el tema y que esa es la razón de condenar el proyecto.
Dijo que el denominado “carnet para habitante fronterizo” es un permiso transitorio que se emitirá a todos los ciudadanos extranjeros que residan en la zona común que ingresan al país por un período de tiempo, durante el día, sin intención de radicarse aquí.
Explicó que el documento les permitirá realizar actividades comerciales para su sobrevivencia, así como poder entrar y salir de manera correcta al territorio dominicano.
Esas gentes deberán tener la identificación personal válida en su país de origen y con vigencia mínima de un año, los cuales pueden ser cédula de identidad o pasaporte.
De igual manera, “deberán contar con una carta de aval que demuestre que la persona hace actividad comercial en el área de la frontera, la cual podrá ser emitida por la alcaldía local, asociación de comerciantes o gobernación local.
La solicitud del carnet se hará a través de la página de Internet de la Dirección General de Migración y en caso de que algún solicitante tenga obstáculos para la modalidad electrónica, será asistido de manera presencial por las ventanillas de información migratoria.
La resolución No. 09-2021 establece que el estatus de habitante fronterizo tendrá una vigencia de un año. Asimismo, la Dirección de Migración podrá cancelar el permiso “cuando este viole los perímetros de circulación o las condiciones de permanencia, la violación al ordenamiento jurídico dominicano y por incurrir en infracciones a la normativa migratoria con posterioridad al otorgamiento del estatus temporal otorgado”.
Fue a finales de 2017 que esa institución anunció que buscaría implementar el plan, pero fue suspendido de manera indefinida por la crisis por la que atraviesa el vecino país, agravada luego del asesinato, el 7 de julio de 2021, del presidente haitiano Jovenel Moise a manos de supuestos sicarios suramericanos.
Las reacciones
La iniciativa de la Dirección General de Migración fue rechazada en las redes sociales por varios sectores de la población, entre estos el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, porque constituye un acto de intromisión en los asuntos internos de otro Estado.
Expresó que “la identificación documental de una persona la tiene que hacer, en principio, el país de origen de la misma, pues el registro civil de cada Nación constituye una parte cardinal de su soberanía”.
Señaló que la Constitución dominicana establece de manera muy clara en la parte final del artículo 3, relativo a la soberanía, que “el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana”.
Mientras, el alcalde de la provincia de Santiago de los Cabaleros y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, dijo que hay que empezar de manera inmediata la deportación de todo aquel que no tenga la regularidad que manda la ley para estar en el país.
Martínez, que además es aspirante a la presidencia de la República, instó al gobierno a desistir de lo que llamó el «plan de haitianización» de la República Dominicana. INS
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