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La representante Maricarmen Mas Rodríguez persigue que los dueños de embarcaciones hundidas durante el huracán María asuman su responsabilidad. /Inter News Service
San Juan, 5 nov (INS).- Los dueños de embarcaciones hundidas en medio de una emergencia decretada por el gobierno, deberán removerlas o, de lo contrario, enfrentar acciones judiciales, de aprobarse una medida anunciada hoy por la representante Maricarmen Mas Rodríguez, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El proyecto de la Cámara 1306, con fecha del 2 de noviembre, establece como delito menos grave que un propietario de embarcación, durante una emergencia nacional decretada por el gobierno puertorriqueño, no tome medidas para evitar que la nave constituya un riesgo para las vidas de los ciudadanos, para la seguridad en el lugar o para el ambiente.
La iniciativa de la representante del Distrito 19, que comprende los municipios de Mayagüez y San Germán, surge a raíz de que se conociera a través de los medios de comunicación que más de 250 están hundidas en las costas puertorriqueñas debido al paso del huracán.
“Falta de previsión adecuada antes de la emergencia, así como inacción con posterioridad a la misma han sido elementos comunes que se ha encontrado en el proceso; (esas) embarcaciones (hundidas) constituyen un problema para la vida, ambiente y seguridad por lo que debe tomarse acción inmediata en cuanto a las mismas”, señaló Mas Rodríguez.
La iniciativa de la legisladora del PNP establece que será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 90 días, multa de 1,000 a 3,000 dólares —o ambas penas a discreción del tribunal— toda persona que luego de decretada una emergencia por el Gobernador de Puerto Rico no tome medidas antes y después de la emergencia para evitar o minimizar los daños causados por sus embarcaciones, incluyendo los ecológicos.
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución, pues los dueños de embarcaciones son responsables de tomar las medidas para asegurarla, y posterior a la emergencia llevar a cabo las acciones encaminadas a corregir cualquier situación surgida, incluyendo los posibles daños ecológicos por derrame de combustible.
“Entendemos que cada persona debe ser responsable por su propiedad, por lo que las embarcaciones no pueden ser una excepción, máxime cuando la consecuencia de tal inacción puede provocar grandes daños a otras personas y al ambiente”, recalcó la presidenta de la Comisión Integral para el Desarrollo de la Región Oeste. INS
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