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San Juan, 17 sep (INS).- La Contraloría detectó graves irregularidades en las operaciones fiscales del municipio de Vega Alta.
El informe revela múltiples deficiencias por la cesión de propiedad municipal en el 2018, a comerciante, durante 15 meses, sin la previa autorización de la Legislatura Municipal.
El alcalde le solicitó a la Legislatura en el 2019, la aprobación para firmar un acuerdo colaborativo a cambio de que el comerciante prestara servicios de mantenimiento a los equipos de la Unidad Marítima de la Policía Municipal.
Sin embargo, la unidad había sido desarticulada en 2013 y la Legislatura Municipal no recomendó el proyecto ya que no satisfacía los criterios de razonabilidad sobre la legalidad.
La auditoría señala además que el municipio eximió a contribuyentes del pago de patentes municipales y arbitrios de construcción por 87,725, sin la aprobación de la Legislatura Municipal.
Esta situación ocasionó que se concedieran beneficios contrarios a la ley.
Además, sin la aprobación de la Legislatura Municipal, el municipio alquiló un apartamento de su propiedad por 11 meses.
El informe indica que el recaudador oficial interino ejercía tareas conflictivas de recaudación, depósito y ajustes en las cuentas de los contribuyentes.
Asimismo, al 6 de febrero de 2019, Vega Alta mantenía 62 cuentas de contribuyentes que tenían más de cinco años de vencidas por 162,055 dólares.
Los auditores hallaron faltas de control en los almacenes de herramientas y equipos, ya que no se registraban los despachos y devoluciones diarias.
En el documento se establece que dos ambulancias permanecieron, una ocho y la otra 27 meses, en talleres de reparación privados propiciando su deterioro y contrario al Reglamento de Vehículos de 2016.
Igualmente, al 29 de marzo de 2019, el municipio no había actualizado el Reglamento de Personal del Gobierno Municipal de Vega Alta como dispone la Ley 81 de 1991 de Municipios Autónomos, y contrario a la reglamentación vigente, el puesto de administrador de documentos públicos estuvo vacante desde el 2016, y el administrador nombrado en el 2019 no contaba con los adiestramientos necesarios autorizados para ejercer sus funciones.
La auditoría comenta también que el proyecto para la construcción y rehabilitación del Gimnasio Domingo Navarro se detuvo debido a que el Banco Gubernamental de Fomento dejó de enviar los fondos asignados tras la declaración de estado de emergencia en el 2016.
Al 29 de abril de 2019, el contratista había facturado 137,158 dólares y el municipio no cuenta con fondos para continuar el proyecto.
El municipio tampoco realizó investigaciones internas para identificar las causas de débitos no autorizados por 23,758 de la cuenta corriente en el 2016.
A su vez, no notificó a la Contraloría de Puerto Rico dichas transacciones de compras personales y equipo electrónico ni presentó una querella en la Policía.
El municipio si le reclamó al banco, que reintegró dichos importes a la Cuenta.
La auditoría da cuenta del hurto de un tractor por parte de un empleado municipal, y que el municipio no aplicó medidas disciplinarias.
El empleado alegó que se lo había llevado porque necesitaba una pieza para reparar equipo de su propiedad.
El tractor fue devuelto desmantelado y sin varias piezas. El hurto se reportó al Negociado de la Policía de Puerto Rico, pero el caso fue desestimado, ya que la agente no compareció a la tercera vista señalada por el tribunal.
El municipio no había atendido, al 29 de agosto de 2019, la recomendación de recobro de 21,750 dólares publicado en el Informe de Auditoría M-18-01 del 2017.
El informe de Vega Alta cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.INS
Lp