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San Juan, 17 sep (INS).- Una coalición de organizaciones comunales, ambientales y de planificación se opusieron a un nuevo intento de la Junta Planificación de aprobar el reglamento conjunto.
Las entidades citan “errores sustantivos y procesales con impactos detrimentales y a largo plazo para el país”.
Según la agrupación, por tercera vez en dos años la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) se dispone a aprobar un reglamento para la expedición de permisos falto de análisis y plagado de errores sustantivos.
Igualmente, por tercera vez el sector ambiental se opone a dicho reglamento, que ya ha sido declarado nulo en dos ocasiones por el Tribunal Apelativo.
“El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de Negocios (el”Reglamento Conjunto”) continúa siendo un documento deficiente, que deforma toda la planificación vigente en Puerto Rico y los sustituye por distritos genéricos que no corresponden a un proceso de planificación”, comentó Abel Vale, presidente de Ciudadanos del Karso, una de las entidades que se opone a la aprobación del documento.
Agregó que “el reglamento, que está plagado de errores sustantivos, no cuenta con el apoyo de los planificadores del país, porque impacta nuestros sistemas naturales, la autonomía de nuestros municipio y hasta los fondos de recuperación del Huracán María. Es otro intento de complacer intereses particulares”.
El grupo reclama que el proceso de aprobación tiene múltiples deficiencias, con vistas públicas que no garantizan la participación inclusiva y transparente necesaria en algo tan importante para el país.
“Empujar esta aprobación con el mínimo esfuerzo de participación ciudadana, durante una pandemia que limita los accesos y contactos con la ciudadanía afectada por estas decisiones es un grave error de juicio. Además, es una oportunidad perdida para desarrollar un reglamento mediante un proceso participativo, incorporando mejores prácticas de planificación y manejo, con una metodología documentada y en cumplimiento con los objetivos del PUT, el nuevo código municipal y sobre todo, con la Ley orgánica de la JP”, declaró Marissa Reyes Díaz, coordinadora de la caminata en El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, otra de las organizaciones opuestas a este proceso.
La coalición se ha organizado para exigir que el gobierno no proceda con el reglamento,
Como mínimo, además, exige que la junta conceda 120 días para comentar cualquier reglamento que proponga la JP, particularmente considerando los retos que impone la emergencia de salud por el Covid-19.INS
lp