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San Juan, 3 sep (INS).- La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) acogió la recomendación de Justicia (DJPR), suscrito por la exsecretaria Dennise Longo Quinones, de archivar casos contra la gobernadora Wanda Vãzquez Garced, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado Gonzalez y el alcalde Aguada, Manuel Santiago Mendoza, aunque este último fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental.
El informe de investigaciôn preliminar, de la autoría de la Fiscal Auxiliar Yirianis Figuerola Goyanes, fue refrendado por la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, fiscal Phoebe Isales Forsythe.
La investigación contra la gobernadora Vázquez Garced, según se indica en el informe de Justicia, se originó con una querella anónima presentada ante ese departamento.
Sus remitentes solamente se identificaron como Servidores Públicos con Dignidad. Según la OPFEI, a pesar del carácter desconocido de la comunicación, contenía suficientes datos para originar la investigación, a la cual se le dio curso porque aludía a la supuesta utilización de fondos públicos para fines políticos.
Los hechos se relacionan con el supuesto requerimiento a empleados públicos de participar en la actividad denominada “Parranda con la gobernadora en Plaza Las Américas”, el 5 de diciembre de 2019.
El escrito anónimo aduce que un grupo de los funcionarios expresaron su negativa a participar en dicha actividad.
Adujeron que esa actividad estaba relacionada con el inicio o anuncio de campaña política de la gobernadora.
El informe señala que en el escrito anónimo se argumentó que tanto Marisol Blasco, ayudante especial de la gobernadora, y Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación, fueron parte de ese esfuerzo, a instancias de Ia gobemadora. Asimismo, se expone que William Villalobos Torres, de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), promovió dicha movilización política.
El informe de investigación preliminar subraya que “a los fines de poder realizar una investigación sobre los alegados hechos, Justicia entrevistó a posibles testigos que surgían de una grabación” que publicó una emisora de la actividad efectuada en Plaza Las Americas, asi como a varios jefes de agencias gubernamentales.
Allí se concluyó que la actividad de “No Más Balas Al Aire” es una que se celebra todos los años y que no hay evidencia de que la gobernadora hiciera expresiones políticas.
Luego de considerar el informe de investigación de Justicia, así como las declaraciones juradas, el Panel determinó acoger la recomendación de Longo Quinones, consistente en disponer el archivo de este asunto.
En la que respecta al caso de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado Gonzalez, el Panel indicó que recibió un referido de Justicia, que indicaba que la agencia recibió correo electrónico en el cual se expresaba la existencia de posible corrupción relacionada con el uso de fondos de FEMA por parte de la alcaldesa.
Al final, el Panel acogió la recomendación de la secretaria de Justicia y ordenó el archivo del caso.
Por otro lado, el Panel decidió referir el caso del alcalde de Aguada, Gabriel Santiago Mendoza, a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), acogiendo así una recomendación de Justicia en tal sentido.
El informe de Justicia indica que la conducta imputada al alcalde Santiago Mendoza, mediante querella no juramentada, fue presentada ante ese departamento por Christian Cortés Feliciano, legislador municipal de Aguada.
En la querella, Cortés Feliciano solicitó a Justicia que realizara una investigación, para lo cual alegó un posible esquema de corrupción gubernamental en el municipio.
Ello, relacionado con los contratos de servicio de respuesta a desastres que fueron adjudicados a la compañía W Construction.
Cortés Feliciano alegó que el alcalde Santiago Mendoza le dio preferencia a W Construction al momento de adjudicar contratos municipales debido a que su presidente, Wilson Matos Ruiz, había tenido una relación de negocios con el hijo de un ayudante especial del alcalde.
En su resolución, el Panel expresa que -luego de examinar la evidencia recopilada en el curso de la investigación preliminar de Justicia-, no existe en el récord evidencia que aporte Ia causa suficiente para disponer que el alcalde Santiago Mendoza ha incurrido en posible conducta delictiva, por lo que no se justifica la designación de un FEI.
No obstante, ante la negligencia atribuida al alcalde -en el referido informe de investigación-, el Panel acogió la recomendación de Justicia de que este asunto debe ser referido a la UPAD, para la evaluación y determinación correspondiente.
Atendido lo anterior, el Panel dispone el archivo del caso contra el alcalde en cuanto al proceso de índole penal, sin embargo lo refiere al trámite administrativo ante la UPAD para que se evalúe el posible incumplimiento con los deberes que venía obligado a cumplir el primer ejecutivo municipal.INS
lp