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San Juan, 22 ago (INS).- Tras una investigación que reveló violaciones e irregularidades en los procesos de contratación y permisos en el proyecto Viewpoint at Roosevelt, en Hato Rey, la Cámara de Representantes acogió hoy el informe final de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud sobre la pesquisa, con la recomendación de que se refieran los hallazgos al Departamento de Justicia y a la Contraloría.
El informe de 55 páginas es el resultado de la investigación ordenada mediante la resolución de la Cámara 1201, de la autoría del Presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, y fue presentado al pleno por el representante Eddie Charbonier Chinea, presidente de la Comisión y también autor de la medida.
El documento tiene el recuento de los pormenores de los incumplimientos y el tracto contractual de los pasados 16 años entre el desarrollador Eduardo Nevares Chaulón, de la firma Nevares & Villavicencio, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Méndez Núñez, destacó que «esto es un proyecto que se comenzó hace más de diez años. Varias empresas se acercaron al gobierno para presentar propuesta para ese lugar. Bajo el mandato de Alejandro García Padilla se firmó un contrato confidencial».
Además, mencionó que en medio de la investigación «recibimos visitas de cabilderos. Este servidor y Eddie Charbonier fuimos firmes en que íbamos a terminar con la investigación. La verdad está contenida en el informe. Hemos aprobado legislación para corregir. No nos vamos a ir en investigaciones vagas. Haremos lo que es correcto. Ese es el norte de esta Cámara y de esta administración».
Charbonier Chinea dijo que «es importante señalar la preocupación del manejo sobre la propiedad pública del Estado».
Asimismo, destacó que tanto Justicia como la Contraloría deben profundizar sobre la posibilidad de conductas delictivas de algunos de los funcionarios y personas del sector privado involucrados en todo el proceso, y que hubieran menoscabado al erario público, por ingresos dejados de percibir.
El informe señala que «el desarrollador continúa con la ocupación y no solo ocupa, sino que explota económicamente el terreno, propiedad del estado, sin legitimación para hacerlo. Según información provista a esta Comisión, durante la filmación de una película, los camiones (trailers) y camerinos de los artistas y de la producción ocuparon gran parte de la parcela y entendemos que alguien le pagó por dicho alquiler, sin compensar de manera alguna al Estado; sin que dicha actividad lucrativa estuviese contemplada contractualmente».
El documento sostiene que el desarrollador “también tiene ubicado en los predios sus oficinas administrativas y de manejo de proyectos y se comprobó que View Point fue desarrollado desde dichas instalaciones sin que se compensara al estado por ese uso, lo que no está contemplado en el contrato al que hace referencia”.
Charbonier Chinea advirtió que “conforme las constancias de los récords que examinamos en el DTOP, el desarrollador ha utilizado una infinidad de diferentes personas jurídicas, que no son los que originalmente licitaron, otro asunto que abona al hecho de que toda tenencia o derecho del licitador originalmente había cesado».INS
lp