P. Rico-Senadora López León solicita a la comisionada residente que atienda leyes de cabotaje marítimo

San Juan, 2 sep (INS).- La senadora Rossana López León presentó la resolución concurrente del Senado 23 para solicitar a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, que realice todas las gestiones pertinentes y presente legislación ante el Congreso de los Estados Unidos para que la isla sea eximida de la aplicación de las leyes de cabotaje marítimo.

“Estoy confiada en que el donativo político que ronda los cinco mil dólares y que le dio Crowley Maritime no será obstáculo para que ella trabaje en favor del desarrollo económico de Puerto Rico. Le aplaudo sus expresiones en contra del cabotaje aéreo, pero el impacto más fuerte que sufre la isla es en el transporte marítimo”, opinó la legisladora del Partido Popular Democrático.

La idea es que González Colón “reenfoque sus esfuerzos en la parte en que todos los sectores están de acuerdo, que es en la exención del cabotaje marítimo”.

En la exposición de motivos, la medida señala que tanto el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer como el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez favorecen la derogación de las leyes de cabotaje federales.

El 2 de enero pasado, Seilhamer sometió la resolución concurrente del Senado 2 para solicitar al Congreso aprobar legislación para lograr exención parcial del cumplimiento de las leyes de cabotaje que permita el uso de los grandes buques oceánicos construidos fuera de Estados Unidos en las rutas de puertos de los estados a Hawaii, Alaska y Puerto Rico.

“Puerto Rico está en una encrucijada económica de grandes proporciones, con unas medidas de austeridad que nos llevarán directo a una crisis humanitaria. Mientras tanto, en el vocabulario de la Junta de Supervisión Fiscal, ni en el del gobernador existe el desarrollo económico. Una vez exentos, podremos desarrollar el Puerto de Ponce, el de Mayagüez y crear un ecosistema de empleos bien remunerados en esos dos polos económicos”, sentenció López León.

La medida también explica que “es fundamental señalar que las leyes de cabotaje representan un aumento en el costo de los productos importados al país en no menos de 426 millones de dólares anuales, cantidad que termina pagando el consumidor puertorriqueño”.

Esto, sin contar el “impacto abusivo en la economía, cuando los gerenciales de las empresas marítimas se han puesto de acuerdo para inflar los costos, asunto que le ha costado la cárcel a la mayoría de ellos”, concluyó la política. INS

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