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La vicepresidenta Yanira Reyes y la presidenta Vivian Godineaux Villaronga denunciaron a nombre del CAAPR la situación de acoso prevaleciente. Inter News Service
San Juan, 2 sep (INS).- El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) manifestó hoy su profunda preocupación ante ataques públicas y acciones que han creado graves limitaciones a los derechos de participación ciudadana, la libertad de expresión, acceso a la información pública y a la justicia.
“La Constitución de Puerto Rico establece con claridad que nuestro sistema de gobierno tiene como meta promover el bienestar general y asegurar el goce cabal de los derechos humanos, (pero) en tiempos recientes hemos observado limitaciones preocupantes a derechos esenciales”, expresó la presidenta Vivian Godineaux Villaronga.
El CAAPR denunció los atropellos sufridos por personas que han ejercido su derecho constitucional a expresarse y a manifestarse en defensa de bienes esenciales como el agua y la energía eléctrica.
“La respuesta del gobierno, mediante despliegues desproporcionados de fuerza policíaca, genera serias preocupaciones sobre la seguridad de los manifestantes y posibles violaciones a sus derechos constitucionales”, añadió Yanira Reyes, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Además, se refirió a las limitaciones cada vez más evidentes al ejercicio de la libertad de prensa, que deben ser atendidas con urgencia. “El acceso a la información pública es un derecho constitucional. La prensa necesita libertad para investigar, preguntar, informar y fiscalizar, ya que la libertad de prensa es un pilar de toda sociedad democrática”, manifestó.
De igual forma, las portavoces reafirmaron que es deber estatutario de la institución proteger la independencia, la libertad y la seguridad de la abogacía, que son elementos indispensables del estado de derecho y la salud democrática del país.
“Las abogadas y abogados son trabajadores esenciales del acceso a la justicia. Nos une una preocupación fundamental y un compromiso irrenunciable: defender y reafirmar la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la profesión legal. Nuestra labor requiere independencia de criterio y la garantía de que factores externos no condicionen el ejercicio responsable de nuestras funciones”, apuntó Godineaux Villaronga.
La representación legal, recordó, incluye la defensa de derechos constitucionales, de personas acusadas, comunidades marginadas, víctimas de abuso, trabajadores, consumidores, inmigrantes, personas sin recursos y otros sectores vulnerables. Defender a personas cuyos derechos han sido cuestionados o vulnerados es una labor encomiable y parte integral del ejercicio legítimo de la profesión.
“En todos estos escenarios, la abogacía cumple una función indispensable: asegurar que cada persona tenga voz, representación y una oportunidad real de ser escuchada ante nuestras instituciones. Por ende, presentar recursos, formular argumentos jurídicos, impugnar actuaciones gubernamentales o exigir el cumplimiento de garantías constitucionales no solo es legítimo, sino necesario en una democracia”, manifestó la líder de la clase togada del país.
“La abogacía no es una actividad meramente privada ni un oficio cuya importancia dependa de la popularidad de los casos que se atienden”, destacó Godineaux Villaronga. “Somos abogadas de familia, abogadas de defensa de personas acusadas, abogados de casos civiles y también somos fiscales y jueces. Somos instrumentos indispensables para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y la igualdad ante la ley, así como la protección efectiva de los derechos fundamentales, entre estos la libertad de expresión”.
Reyes, por su parte, explicó que “nuestro trabajo no debe estar amenazado por la identidad de la persona representada, porque el caso sea uno de alto interés público o porque nuestra posición jurídica no sea del agrado del gobierno de turno”.
“Por el contrario, es precisamente en los casos más expuestos al escrutinio público o complejos donde la independencia de la abogacía adquiere mayor relevancia porque no podemos ceder ante presiones externas que actúen en detrimento de los intereses del cliente”, subrayó.
Asimismo, las letradas enfatizaron que ningún abogado o abogada debe ver limitado su ejercicio profesional por la identidad de su cliente o por la naturaleza de la causa que representa.
“Si existe una alegación de conducta impropia, debe atenderse mediante los mecanismos correspondientes, con objetividad, debido proceso y oportunidad real de defensa. Lo que no podemos permitir es que esos mecanismos se conviertan en instrumentos de intimidación o represalia contra la abogacía”, advirtió Reyes.
La presidenta del CAAPR destacó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, la prensa, los movimientos comunitarios y las entidades defensoras de derechos humanos.
“Todos compartimos una misión fundamental: defender derechos y fortalecer la democracia. Para cumplir con esa misión, necesitamos un espacio democrático suficientemente amplio para ejercer nuestras funciones con libertad e independencia”, adujo.
Godineaux Villaronga reafirmó el compromiso del CAAPR con la defensa de la profesión legal y con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. “El Colegio continuará vigilante y activo en la defensa del Estado de derecho, del acceso a la justicia y de la independencia profesional de la abogacía. La democracia exige que quienes defienden derechos puedan ejercer su labor sin miedo, sin presiones indebidas y con plena garantía de protección constitucional”.
La conferencia de prensa contó con la participación de representantes del Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Ayuda Legal Puerto Rico, la Sociedad para la Asistencia Legal, Kilometro O, Unión de Asistencia Legal, Amnistía Internacional Puerto Rico, ACLU Puerto Rico, y la asambleísta municipal Daisy Sánchez.INS
ndc