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Nelson Arroyo (centro), hablando durante una rueda de prensa. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 1 sep (INS).-El gobierno local respondió a las críticas sobre supuestas irregularidades en el tránsito internacional de mercancías hacia Haití a través de República Dominicana, al alegar que el país está obligado a permitir este flujo por las reglas y compromisos establecidos por acuerdos multilaterales de los cuales es signataria.
En 2026, exportadores, comerciantes y empresarios han reportado que cargas destinadas a Haití no siempre cruzan la frontera, sino que son descargadas y vendidas en el territorio dominicano sin agotar los controles aduaneros, lo que genera preocupación por evasión fiscal, competencia desleal y desviación de mercancías.
El esquema de evasión de impuesto se calcula en RD$1.000 millones de perjuicio a Aduanas (17.029.553 dólares estadounidenses), porque productos importados se declaran en tránsito hacia el vecino pueblo y luego se comercializan localmente sin pagar tributos
Esos cuestionamientos fueron respondidos por el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Nelson Arroyo, quién justificó la acción mencionando el Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que garantizan la libertad de tránsito de mercancías entre los países.
“Bloquear estos trayectos significaría violar estos acuerdos”, detalló el funcionario. Afirmó que a esta situación “se le suma la crisis política y de seguridad que enfrenta la nación vecina, donde bandas armadas tomaron el control de los puertos, forzando a las navieras a descargar en puertos dominicanos para trasladar la mercancía por tierra, ya que no quieren arriesgar sus contenedores cruzando la frontera”.
«El tránsito hacia Haití se agravó y se dificultó a partir especialmente de la crisis política que ha afectado a ese país. La inseguridad que prevalece hace prácticamente imposible el comercio en ese país; por eso se ha producido un incremento sustancial de la cantidad de contenedores que pasan de tránsito por el país y que ha llamado la atención de la gente”, señaló Nelson Arroyo durante una rueda de prensa.
Expuso que eso explica cómo el traslado de contenedores por vía terrestre en la República Dominicana aumentó alrededor de un 50% en comparación con el año anterior, registrando unos 3,900 contenedores operados por cerca de 100 empresas.
Arroyo destacó la necesidad de recurrir al sistema de transbordo, donde la mercancía de tránsito se descarga en el territorio dominicano y se transfiere a otros vehículos para que continúen su ruta por tierra.
Precisó que aunque lo ideal sería realizar este proceso dentro de los recintos de las administraciones aduaneras oficiales, como las sureñas provincias Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, la falta de espacio físico esencial para albergar y descargar el volumen de contenedores crea la alternativa de utilizar almacenes privados para hacer estas descargas.
Como la medida no está establecida en la Ley 168-21 de Aduanas, el funcionario admitió que esto permite una vulnerabilidad de control importante, pues en un mismo almacén coinciden mercancías libres de impuestos destinadas al comercio informal del mercado binacional con mercancías de tránsito internacional, las cuales tienen prohibido comercializarse en el territorio dominicano.
“En la práctica, no existen las condiciones actuales para que el tránsito internacional de mercancías se dé de la manera perfeccionada como establece la ley porque no existen los centros logísticos ni existe la capacidad inmobiliaria instalada en la frontera para que eso pueda suceder”, manifestó.
Por esta razón, el titular de la entidad aduanera anunció que recurrirá a implementar algunas medidas preventivas con efectividad a partir del 15 de septiembre para disminuir los posibles intentos de evasión fiscal en el tránsito de mercancía internacional que se pueda originar.
Entre estas, enumeró la obligatoriedad de solicitar las operaciones de tránsito con al menos 24 horas de antelación, ningún contenedor saldrá después de la 1:00 de la tarde de un centro logístico, establecer una medida de control para el despacho de mercancías y se le otorgará un límite de la cantidad de contenedores que se podrán despachar a cada empresa, llevándola a un máximo de 20.
También, se establecerán mecanismos especiales de custodia para operaciones consideradas de alto riesgo y se fortalecerá el monitoreo en principales puntos fronterizos del país para evitar desvíos o intentos de comercialización irregular en el territorio nacional.
Al indicar el reciente volumen de denuncias recibidas en relación con el tema, el titular de la DGA reveló que hacen las investigaciones correspondientes, llegando incluso a revisar los libros contables, pero gran parte de este proceso corresponde al Ministerio Público para que realice las debidas sanciones y someta a la justicia a quien tenga que someter.
De esta forma relató que una de las quejas admitidas señalaba que los contenedores destinados a Haití cruzaban la frontera, retornaban ilegalmente y viajaban de regreso a Santo Domingo para ser vendidos en supermercados bajo el concepto de «marca blanca» y, al investigar formalmente las empresas y supermercados señalados, el análisis reveló que las entidades aumentaron sus importaciones formales de contenedores en un 14% y sus aportes fiscales en un 15%, superando con creces el crecimiento general del 2% de la DGA.
A pesar de desmontar ese reporte, Arroyo aceptó que el contrabando y la evasión son inherentes al comercio global y que ninguna aduana del mundo puede declarar cero evasión.
«Si yo digo que no existe ningún tipo de evasión, estaría hablando de manera ligera porque la evasión y el contrabando nacieron en el comercio mismo. En el mundo entero hay evasión y contrabando; hay personas que hacen ilícitos y nosotros no podemos afirmar rotundamente que en la Dirección General de Aduanas no existe ningún tipo de evasión. Ni lo podemos decir frente a ninguna otra institución recaudadora del Estado dominicano”, añadió.
Como solución a esta problemática, aseguró que la DGA se mantendrá vigilante, investigadora y fiscalizadora para que las evasiones sean mínimas. INS
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Nelson Arroyo (centro), hablando durante una rueda de prensa. (Fuente externa). Inter News Service