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Foto de archivo de Jean Alain Rodríguez Sánchez, exprocurador general de la República acusado de presunta corrupción administrativa. Inter News Service
Santo Domingo, 6 jul (INS).-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó los incidentes procesales con los que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes, buscaban la declaratoria de nulidad del juicio penal en el que son procesados por corrupción administrativa al malversar supuestamente más de RD$6,000 millones (US$ 101,642,313) mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020.
El 30 de junio de 2021, las autoridades dominicanas arrestaron a Rodríguez Sánchez por acusaciones de desviar fondos públicos hacia grupos que apoyaban al entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva durante su mandato como fiscal general de la República Dominicana.
Se le acusa de formar parte de una compleja red criminal cuyas actividades incluían conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad, ciberdelito y blanqueo de dinero.
Estuvo privado de libertad bajo prisión preventiva por cerca de cuatro años y actualmente cumple con otras medidas de coerción mientras se desarrolla el juicio de fondo.
El Juzgado declaró inadmisible la petición de cesar de forma definitiva el auto de apertura a audiencia planteada por las defensas y ordenó la continuación del proceso judicial el próximo 22 de julio de 2026 conforme a las reglas establecidas en el debido proceso, informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Las juezas Claribel Nivar (presidenta), Clara Castillo y Yissell Soto hicieron constar que no hubo afectación constitucional en la utilización del mote “Operación Medusa” en este expediente penal, iniciado por el órgano acusador a raíz de una de sus operaciones contra la delincuencia, la criminalidad y el crimen organizado.
De igual manera, ordenaron a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al proceso penal, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia.
En ese sentido, la resolución indica que a partir de los elementos aportados por las partes no hay razón para establecer que esa situación haya causado un agravio al derecho de defensa.
El tribunal también rechazó los incidentes que procuraban la nulidad de actuaciones ya decididas, declarando inadmisibles aquellas sobre cuestiones previamente juzgadas durante la etapa intermedia.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del órgano acusador, encabezó en la audiencia de este lunes, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo de fiscales, el cual también estuvo integrado Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
Además, la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni
Asimismo, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L. INS
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Foto de archivo de Jean Alain Rodríguez Sánchez, exprocurador general de la República acusado de presunta corrupción administrativa. Inter News Service