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La absolución penal dictada a favor de los ex funcionarios estatales será apelada en las próximas horas por el Ministerio Público. Inter News Service
Santo Domingo, 30 may (INS).-La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dictó un “auto de no ha lugar” a favor de los exministros gubernamentales Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al concluir que no existe responsabilidad penal en su contra y no tendrán que enfrentar un juicio de fondo por la acusación de corrupción administrativa que les atribuía el Ministerio Público al realizar la denominada Operación Calamar.
También fueron favorecidos con la sentencia absolutoria Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias, que no tendrán que enfrentar una audiencia penal por los hechos que les atribuía el órgano acusador.
En el ámbito judicial la expresión «no ha lugar» permite que, una vez cumplido un proceso penal y cuando se cumplen ciertas condiciones que hacen innecesario, continuar con la acusación o el juicio. El mismo se encuentra regulado por el artículo 309 del Código Procesal Penal Dominicano, bajo la Ley 97-25.
Esta esperada resolución se produce tras más de cinco años desde que se iniciaron los primeros interrogatorios, en febrero de 2021. A lo largo del proceso, las defensas criticaron duramente el caso, señalando que el expediente había excedido de manera irrazonable los plazos de la ley y cuestionaron la validez de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría.
El expediente Calamar es conocido como uno de los mayores hechos de corrupción administrativa en la historia reciente de la República Dominicana. Se originó con una acción iniciada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en 2021, que buscó poner de manifiesto una trama corrupta que, según el Ministerio Público, habría afectado al Estado dominicano con más de RD$41,000 millones (US$ 702,776,732).
En su decisión, la magistrada Altagracia Ramírez consideró que las pruebas presentadas por el órgano acusador no sustentan una acusación que justifique la apertura de un juicio de fondo contra ambos ex servidores estatales.
Sin embargo, ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda al entender que los señalamientos formulados por el Ministerio Público en su contra deben ser examinados en una nueva etapa del proceso judicial.
Junto a Guerrero por igual serán procesados el abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Picciril.
Donald Guerrero Ortíz, empresario y economista, ocupó el cargo de ministro de Hacienda de la República Dominicana desde el 16 de agosto de 2016 hasta el 16 de agosto de 2020, en el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta también ejercieron en ese gobierno como ministros de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, respectivamente.
Durante el proceso preliminar, la defensa de Gonzalo Castillo, quien aspira a la presidencia de la República para el período 2028-2032 en representación del opositor PLD (Partido de la Liberación Dominicana) sostuvo su inocencia y afirmó que éste no había participado en ningún esquema de corrupción ni en el desvío de fondos públicos, calificando el caso de teoría sin sustento probatorio suficiente.
De su lado, los abogados de Donald Guerrero también afirmaron que el relato acusatorio contra su cliente no se sostiene frente a la documentación del proceso.
Además, cuestionaron la validez de informes de la Contraloría General de la República, alegando “posibles vicios procesales como prescripción de delitos y extinción de la acción penal”, y sostienen que las pruebas fueron obtenidas sin las debidas garantías legales.
El ex ministro de la Presidencia en la gestión del PLD, José Ramón Peralta, defendió su inocencia ante el tribunal, donde afirmó que durante sus ocho años en el Estado mantuvo un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.
La apelación
Entretanto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, declaró que apelarán el veredicto absolutorio dictado a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados.
A su salida del tribunal, Camacho criticó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez y sostuvo que una simple lectura de la resolución evidencia una «errónea apreciación de las pruebas».
«El tribunal no valoró correctamente las pruebas. Excluyó testimonios clave de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, los cuales constan en las grabaciones de las audiencias y ni siquiera fueron referidos por la magistrada para fundamentar el no ha lugar», afirmó.
El procurador adjunto cuestionó lo que consideró contradicciones en la decisión judicial y señaló supuestas irregularidades en la valoración de las evidencias presentadas contra los imputados favorecidos.
«Hablamos de un documento en el que el tribunal validó firmas de personas cuyos nombres fueron escritos letra por letra, incluyendo a personas que ya estaban fallecidas. Es evidente la contradicción en la observancia y apreciación de la prueba», dijo.
Recordó que el tribunal acogió parcialmente la acusación del Ministerio Público al enviar a juicio de fondo a 40 de los encartados incluidos en el expediente, entre ellos Donald Guerrero. Sin embargo, insistió en que los 45 imputados debieron ser enviados a juicio. INS
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CASO CALAMAR-01-INS
La absolución penal dictada a favor de los exfuncionarios estatales será apelada en las próximas horas por el Ministerio Público. Inter News Service