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Varios casos de corrupción llevan más de cuatro años en los tribunales a la espera de juicios penales. Inter News Service
Santo Domingo, 17 mar (INS).- La jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisell Soto, rechazó hoy la extinción del proceso seguido a Carmen Magalys Medina Sánchez y demás imputados en el denominado caso corrupción Antipulpo, una estructura criminal que habría cometido un fraude por US$ 63,537,824 contra el Estado dominicano, conforme a la investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La desestimada petición fue encaminada hace unos días por los abogados defensores de imputada, quienes argumentaron que sus clientes no han sido responsables del retraso en el desarrollo del proceso judicial. El Tribunal adoptó la decisión tras evaluar los argumentos y el comportamiento de todas las partes involucradas.
De esa forma, desaparece la esperanza de los abogados de la procesada y otros imputados de salir ilesos o libres de un componente judicial definido como complejo por los fiscales investigadores y que, además, mantiene la expectativa en la sociedad dominicana que exige castigos para los desfalcadores del erario, en caso de resultar culpables de los delitos atribuidos por el Ministerio Público .
La magistrada Gisell Soto, al sustentar la decisión, señaló que de las 146 audiencias celebradas hasta la fecha, 100 han sido dedicadas a debates. Asimismo, explicó que fueron analizados en detalle los artículos 68, 69 y 149 del Código Procesal Penal antes de emitir el fallo.
Soto destacó que durante los más de cuatro años, tres meses y 11 días que ha durado el proceso, se han registrado diversos aplazamientos, entre ellos, por la falta de traslado de imputados, licencias médicas de acusados, recusaciones a juezas y permisos especiales, como el concedido para presentar pésame.
En la proyección del juicio de fondo, los abogados defensores han acudido a la vieja estrategia de presentar numerosos incidentes procesales con la intención de prolongar el proceso hasta la fase de extinción. Una argucia recurrente es recusar a los jueces bajo el argumento de que consideran que estos no son imparciales. Esas objeciones han sido rechazadas por la Corte de Apelación al estimarlas improcedentes.
El Juzgado enfatizó que su decisión puede ser apelada por las vías correspondientes, permitiendo que las partes interesadas continúen con los recursos legales disponibles.
La abogada Wendy Lora alegó que la dilación del caso ha vulnerado derechos fundamentales de su cliente. Argumentó que el proceso inició el 6 de diciembre de 2020 y que, debido a retrasos imputables al Ministerio Público, hubo una demora de ocho meses en su desarrollo, lo que ha afectado el debido proceso.
Sostuvo que Carmen Medina Sánchez ha cumplido 32 meses bajo arresto domiciliario y que, a la fecha, el caso ha transcurrido por más de cuatro años y tres meses sin una resolución definitiva.
Recordó que, de acuerdo a la Ley 10-15, que modifica el artículo 148 del Código Procesal Penal, la duración máxima de todo proceso es de cuatro años.
La población está pendiente del desenlace que tendrá del caso Antipulpo. Se trata de un litigio judicial que se originó en el 2020 por iniciativa de la Pepca.
El objetivo de la acción, que involucró además ex funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, es perseguir y condenar una presunta red de corrupción encabezada por Juan Alexis Medina Sánchez a quien acusan de malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones (US$ 63,537,824) desde el 2012 hasta el 2020.
La imputación señala el involucramiento de presuntos actos de venales en 22 entidades públicas, entre estas 11 ministerios, en donde se encuentran implicados anteriores ministros y ex directores generales.
Carmen Magalys y Alexis Medina Sánchez son hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, quien recientemente dijo que sus parientes son inocentes.
“Todo esto es el libreto de la judicialización de la política, había que desacreditarme a mí y a mi familia. Mi familia es víctima de ser hermano de Danilo Medina, por eso están presos y por eso los persiguen, por ser mis hermanos”, respondió el ex mandatario en una entrevista en un programa de radio, el pasado 5 de marzo.
Y agregó: “Ahora, ¿por qué no he hablado yo en todo este tiempo de ese tema? Porque cuando hay bulla no te escuchan. Y aquí se montó una campaña de descrédito, de difamación y de infamia contra mi familia y contra mí. No hacía nada con hablar, porque no me permitían que hablara. No bastó que yo, incluso, nombrara una comisión de notables del país, de todas las iglesias, del empresariado, de los trabajadores, de las organizaciones de la sociedad civil, para que investigaran a Punta Catalina, porque ellos montaron la campaña de que Punta Catalina era el cuerpo del delito para meterme preso”, pronunció el líder opositor
Las reacciones
La opinión pública ha reaccionado por las extinciones o archivos definitivos de algunos expedientes de corruptela ordenadas mediante sentencias de los jueces, cuando se pensaba que los acusados serían condenados a años de prisión.
La principal crítica surge del movimiento cívico Participación Ciudadana que en enero del 2022 publicó el informe “La acusación Antipulpo: un caso de corrupción administrativa y criminalidad organizada” en el que expresa que lleva 28 años dando seguimiento a los actos irregulares presentados ante la justicia dominicana y, sobre todo, documentados “para que, al margen de la debilidad manifiesta de las autoridades competentes en perseguirlos y castigarlos, los mismos no se pierdan en el olvido, estimulando la permanencia de ese círculo vicioso corrupción-impunidad que tanto daño ha hecho al país”.
Los dos últimos años, la justicia ha dispuesto la terminación penal de expedientes por depravación estatal, que han impactado a la población.
En septiembre del 2023, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró el cese de la acción judicial seguida a los implicados en la compra irregular de ocho aviones Súper Tucano para la vigilancia aérea, combate al narcotráfico y defensa territorial del país. La Corte, integrada por los jueces Keila Pérez Santana, Arisleida Méndez y Elías Santini, tomó la decisión al acoger un pedimento presentado en ese sentido por la defensa del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de Defensa, un dictamen que por igual favoreció a los señores, coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, ex director de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández.
Esas personas fueron acusadas por el Ministerio Público de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de los aeroplanos adquiridas en el año 2007 durante la gestión del entonces presidente Leonel Fernández.
También en abril del 2024, ese mismo juzgado dio como finalizada la persecución penal en contra de los imputados por la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este, por vencimiento del plazo de cuatro años para conocerse un proceso. Es decir que ya no podrán ser sometidos por ese hecho.
Asimismo, el tribunal ordenó el cese de cualquier medida de coerción que estén sujeta los imputados, el ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar; del ex gerente inmobiliario de esa entidad, Manuel Aybar Ferrando; el ex consultor jurídico, Irving José Cruz Crespo, y la ex registradora de Títulos del Distrito Nacional, Rosabel Castillo Rolffot.
Hay preocupación
Los hechos de esa naturaleza investigados por el Ministerio Público a ex funcionarios del pasado gobierno, van camino al fracaso, a la extinción penal, por haber sobrepasado los cuatro años establecidos en el Código Procesal Penal sin una condena definitiva, según la opinión del abogado penalista Valentín Medrano. Igual versión han dado otros profesionales del derecho.
Explicó que los procesos “Antipulpo, Coral, Coral 5G, Medusa y Calamar”, están proyectándose a la terminación sin sentencias, ya que “todos fueron iniciados hace ya más de cuatro años”. Dijo que el reciente cierre de los expedientes de Los Tres Brazos y Súper Tucanos fracasaron en primera instancia por haber sobrepasado el tiempo establecidos por ley. En el Coral 5G están implicados generales, coroneles y otros oficiales militares del Ejército y la Fuerza Aérea Dominicana, además algunos civiles.
El letrado sostiene que la forma en que el órgano acusador ha estado investigando y presentando voluminosas acusaciones, no es la adecuada conforme a la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. Explicó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara en que el llamado plazo razonable establecido en la Constitución es el mismo de cuatro años contemplado en el Código Procesal Penal.
Opina el jurista que Anti Pulpo se encuentra en etapa final del juicio de fondo. Sin embargo, el mismo cumplió se extinguió el pasado 29 de noviembre 2024.
El caso Coral, cuyo principal imputado es el mayor general Adán Cáceres, ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, está en fase media de la vista de fondo, habiendo escuchado apenas la mitad de más de 500 testigos, con una proyección de cerca de dos años de tiempo para que pueda ser concluido. Cumplirá los cuatro años y se extinguirá el próximo 25 de abril 2025.
Precisó que el caso Medusa, que implica al ex procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, aún no ha iniciado la audiencia del juicio de fondo, la cual está pautada para el 1ro de mayo 2025, se extinguió para varios de los imputados en septiembre del 2024 cuando iniciaron el proceso de citaciones y en junio 2025 como fecha de los arrestos, encontrándose aún privado de libertad el jefe del Ministerio Público.
Explicó que la misma suerte parecería que correrá el Calamar, cuyos imputados son los ex ministros peledeistas Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, el cual apenas inicia la audiencia preliminar que decidirá si estos son enviados a un juicio de fondo o no, proyectándose en más de cuatro años para que pueda ser concluido una eventual vista procesal. Dijo que este evento jurídico perimió en febrero 2025 para aquellos imputados que fueron citados en febrero 2021 y el 19 de marzo 2026 para el resto, a partir de las fechas de los arrestos.
Todos estos hechos de presunta corrupción del pasado gobierno, ya extintos o rumbo a la extinción, están marcados por lo que muchos juristas consideran errores comunes, como citar los imputados y arrestarlos antes de investigar, dando inicio a la cuenta regresiva de los cuatro años de extinción, lo cual pudieron realizar luego de indagar de forma preliminar. Solicitar prisión preventiva como regla, mientras la constitución lo establece como excepción, abarrotando nuestros tribunales y cárceles con presos preventivos que cargan los Tribunales y tornan más lentos todos los procesos.
Explicó Valentín que en otros países invierten años y hasta décadas investigando y después de que cuentan con evidencias fuertes, arrestan o acusan para que de esa forma no venza el plazo de terminación. INS
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