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La explotación sexual y trata de personas son delitos que inducen a penas drásticas en la República Dominicana. Inter News Service
Santo Domingo, 11 mar (INS).- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron sentencias de 20 y tres años de prisión, respectivamente, contra los integrantes de una red encontrados culpables de trata y explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
El dictamen emitido por las magistradas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, ocurrió tras ponderar las evidencias de los delitos aportadas por el Ministerio Público.
Los condenados a 20 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, de la provincia San Cristóbal (región Sur), son: José Alberto Rosario Soriano, María Paula Murillo Vargas, Melvin José Valentín Peguero, Óscar Wilcenne, Zafiro Nathaly Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante (alias Alejandro Arturo García Bustamante) y Robert Lee Eleuterio Paniagua.
Además, fueron sentenciados al pago de una multa de 150 salarios mínimos, unos RD$2,250,000 (equivalente a 35,924 dólares estadounidenses) a favor del Estado dominicano.
En República Dominicana, como parte de la nueva Ley de Modernización Fiscal, el salario mínimo para los trabajadores del sector público fue aumentado de RD$10,000 a RD$15,000 mensuales (US$239), lo que representa un incremento del 50%. Los empleados de empresas grandes devengan en la actualidad 24,990 pesos (US$399).
De acuerdo con el Ministerio Público, esas personas fueron juzgadas en una audiencia penal bajo cargos de organizar una estructura criminal, que captaba mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana para explotarlas sexualmente.
Las suramericanas eran captadas con la promesa de «un trabajo bien remunerado en la República Dominicana» y, una vez en este territorio, “eran retenidas, explotadas sexualmente y obligadas a pagar entre US$3,000 y US$4,000, por concepto de los costos del viaje y del hospedaje, bajo la amenaza de ser deportadas”.
La instancia señala que eran retenidas en un hotel del Distrito Nacional y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia (región oriental). Desde estos lugares, los imputados comercializaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.
De ese monto, los involucrados en el proceso se apropiaban de más del 50% como ganancia, mientras que la parte restante era utilizada para saldar la deuda que les adjudicaban a las damas.
Por otro lado, el tribunal declaró culpables de proxenetismo a José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, imponiéndoles pena de tres años de prisión y una multa de RD$50,000 (798 dólares).
En el caso del acusado Oliver Arnaud Lewinsky (alias Timothy Willian Case Renee), la Corte lo condenó a seis meses de prisión por posesión de marihuana, aunque le suspendió la pena bajo condiciones como residencia fija, prohibición de portar armas y la realización de trabajo comunitario.
La decisión jurídica también incluye indemnizaciones para las féminas identificadas con las iniciales M.A.P.P. y A.G.S.P. para proteger su identidad, quienes recibirán tres millones de pesos dominicanos cada una (US$47,899) como compensación por daños y perjuicios.
La lectura íntegra de la sentencia está programada para el 24 de abril de 2025, momento en el que comenzará el plazo para presentar apelaciones. INS
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