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Desde un principio un amplio sector del pueblo reconoció resintió el leonino contrato. Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 27 nov (INS).- El contrato suplementario otorgado a LUMA Energy pinta como una chapuza que no previó la posibilidad de una extensión automática en el caso de que no se lograra un acuerdo final de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los acreedores.
Lo que dice el contrato es llanamente que termina el 30 de noviembre de 2022. Contrario a lo establecido en todo contrato, como el del alquiler de una vivienda, se establece un término de un año que puede ser renovado de año en año. Sin embargo, en el contrato otorgado a LUMA Energy no se deja abierta la posibilidad de una extensión, si no se cumplieran los términos para su finalización, que en este caso sería hasta que se logre establecer con los acreedores un acuerdo para reestructurar la deuda de la AEE.
Ahora, no logrado todavía ese acuerdo de reestructuración de la deuda, lo que propone el gobierno es una autorización para extender el actual contrato suplementario. La interpretación legal que algunos hacen es que habría que renegociar este contrato suplementario nuevamente y para ello tiene que haber una aprobación de la Junta Directiva de las Alianzas Público-Privadas (P3). Bajo el contrato suplementario, LUMA Energy no tiene que cumplir con todas las métricas y recibe una compensación más alta.
Empero, siendo, entonces, lo que impera la necesidad de renegociación del contrato suplementario queda, por lo tanto, en vista de ello, vigente el poder de veto de los miembros del interés público al amparo de la Ley 120 que rige los procesos de todas las Alianzas Público-Privadas.
Hasta ahora, tanto LUMA Energy como los portavoces del gobierno se han negado a informar bajo qué términos se quedaría el operador del sistema de transmisión y distribución.
Aunque remota, queda la posibilidad de que las partes no lleguen a un acuerdo, lo cual daría paso al proceso de transición y el gobierno deberá buscar otro operador privado, debido a que así lo exige la Ley Para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120 de 2018).
Lo que argumentan los portavoces del gobierno es que no es necesario tener el voto de los representantes del interés público ante la Junta de Directores de las P3 para darle paso a la extensión del contrato suplementario, pero sí ante la necesidad de renegociar un nuevo contrato suplementario.
Los representantes del interés público son Lisa Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, quienes fueron recomendados por los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente.
El representante Torres advirtió que, de aprobarse la consulta a la Junta de Directores de las P3, eliminando de la votación a los representantes del interés público, acudirá a los tribunales. INS
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