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La procuradora de corte, Mirna Ortiz, ofreciendo detalles del caso de corrupción. Inter News Service
Santo Domingo, 1 nov (INS).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) terminó la presentación de los documentos probatorios de los hechos derivados del entramado de corrupción administrativa contra el Estado dominicano develado en la denominada Operación Antipulpo, cerrando así el tema del financiamiento ilícito de campañas políticas con fondos de los contribuyentes extraídos al erario a través de una red criminal que encabezaba un hermano de un ex presidente de la República.
Los fiscales que representan al Ministerio Público abordaron ante un tribunal, que conoce la fase preliminar a un juicio penal, la dinámica de triangulación establecida por la estructura de corrupción, el Estado y los políticos que procuraban mantener el control del tren gubernamental para seguir con un círculo vicioso que depredaba fondos públicos.
En la continuación de la vista, el órgano de persecución de delitos expuso la calificación jurídica otorgada a los hechos, para pasar a presentar los 168 testigos que aporta al proceso.
De inmediato, los fiscales dieron inicio a la presentación de más de 2,000 evidencias documentales con que cuenta el órgano acusador.
La demostración de la acusación cerró este lunes en la página 1,362 y continuará el próximo viernes 4 de noviembre, según informó la Pepca en un comunicado de prensa.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, resaltó la fase en que se encuentra el proceso. “Vamos por la presentación de la prueba número 200 de las documentales”, dijo, al ofrecer los detalles de los más de 2 mil elementos de prueba que acompañan el expediente.
Wilson Camacho, titular de la Pepca, encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto a la procuradora de corte Ortiz y a los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce el expediente instrumentado en contra de los acusados.
El Ministerio Público acusa por el caso a Juan Alexis Medina Sánchez y la ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, al expresidente del Fonper Fernando Rosa; el ex ministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el ex fiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La imputación del hecho incluye, además, a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz; Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
Por igual, se detallaron cargos penales contra las instituciones o personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el Ministerio Público afirma que “creó un entramado societario, y utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2014, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios”.
Refiere que “se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada, conjuntamente con sus prestanombres y testaferro, sobornando, falseando datos, haciendo uso de documentos falsos, estafando y dando apariencia de legítima a las apropiaciones monetarias frutos de los crímenes y delitos precedentes señalados, conducta propia del lavado de activos”.
Asegura que los tipos penales en que incurrieron los procesados “incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, prestanombres y testaferrato”. INS
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