P. Rico-Delegación de Victoria Ciudadana denuncia su “antidemocrática exclusión” del pleito instado por la Junta de Control Fiscal para anular la Reforma Laboral

San Juan, 31 oct (INS).- Luego de que se denegara su participación como “amiga de la corte” en el pleito instado por la Junta de Control Fiscal para anular la Ley 41-2022 (Reforma Laboral), la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) expresó que acciones como estas “confirman el carácter antidemocrático de Promesa y dejan fuera de consideración del Tribunal cuestiones fundamentales para la resolución del pleito”.

El escrito de Victoria Ciudadana argumentaba que la Junta se está extralimitando en los poderes que le delegó la Ley Promesa, al intervenir con leyes que solo afectan al sector privado y que no tienen un impacto directo fiscal o presupuestario, como lo es la Ley 41-2022, que solo aplica a trabajadores del sector privado.

“La delegación de poderes hecha a la Junta, aunque nefasta en su totalidad, es limitada. Esta fue impuesta antidemocráticamente para controlar los asuntos fiscales, pero no para sustituir al gobierno electo de Puerto Rico ni inmiscuirse en asuntos relacionados con el sector privado. Este intento por anular la Ley 41-2021 es inaceptable y la propia ley Promesa no lo sostiene”, expresó la senadora Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del MVC en el Senado.

Para el representante José Bernardo Márquez, “dentro de la limitada injerencia que permite Promesa, acudimos al Tribunal a defender la legislación que restituye y amplía ciertas protecciones laborales para trabajadores del sector privado. Pero la decisión de no permitir nuestra participación en el pleito confirma el problema de fondo con la Ley Promesa, de sustituir el criterio de los funcionarios electos por el de la Junta y sus consultores sobrevaluados”.

“La delegación de Victoria Ciudadana tuvo un rol importante en la redacción de esta medida”, enfatizó el senador Rafael Bernabe. “Es increíble que la jueza entienda que la opinión de los legisladores y legisladoras que directamente trabajaron la medida no es algo que se tome en cuenta a la hora de decidir si se ejecuta o no. Entendemos que se han aceptado ‘amici curiae’ de cuanta organización patronal se le ha ocurrido someter – todas ellas, por supuesto, en contra de las trabajadoras y trabajadores. Esto deja claro dónde está la jueza en cuanto a la democracia y los derechos del pueblo”, añadió.

Los argumentos constitucionales que buscaba presentar el MVC en su escrito sobre el alcance de Promesa y de las acciones de la Junta no habían sido traídos a consideración de la jueza Laura Taylor Swain ni por el gobernador Pierluisi ni por el presidente de la Cámara, Rafael Hernández, quienes figuran como demandados en el pleito. La magistrada Judith Dein denegó la solicitud y determinó sin mayores argumentos que, a su entender, los asuntos sobre los cuales versa el pleito ya estaban suficientemente atendidos por las partes. INS

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