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Encuentro del presidente Abinader con la estadounidense Uzra Zeya y funcionarios dominicanos. / Inter News Service
Santo Domingo, 28 oct (INS).- El gobierno de Estados Unidos pidió a República Dominicana priorizar la aprobación de nuevas leyes relacionadas con las contrataciones públicas y de trata de personas.
La solicitud la hizo la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya, al participar en el “Diálogo de Alto Nivel sobre Reformas Institucionales entre Estados Unidos y República Dominicana”, que tuvo su tercera edición en la sede del Palacio Nacional y al que asistió el presidente Luis Abinader.
“Esperamos utilizar este diálogo para discutir formas de priorizar la aprobación de una nueva ley de contrataciones públicas”, dijo Zeya, al considerar que “eso podía sonar como una tarea técnica”, pero que no se debía olvidar que la contratación pública representa en muchos países alrededor del 10 al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Señaló que el fraude en esta área generalmente representa algunos de los hechos de corrupción más grandes del mundo, “incluidos casos recientes aquí mismo, en República Dominicana”.
Estados Unidos seleccionó a la nación caribeña para recibir apoyo de la Asociación para el Desarrollo Democrático (Usaid), un nuevo programa de la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional, para que el país siga luchando contra la corrupción.
De acuerdo con Zeya, este es un “país brillante” y por tal razón la administración le proveerá fondos adicionales para iniciar reformas y abordar desafíos clave de desarrollo en una variedad de sectores, identificados en asociación con Estados Unidos.
“Una expectativa clave es que juntos no solo definamos, planifiquemos e implementemos las reformas prometidas, sino que también nos comprometamos a trabajar con una amplia gama de partes interesadas en el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para hacerlo. Esperamos trabajar con República Dominicana para avanzar en esta iniciativa”, dijo Zeya en un comunicado.
Asimismo, en su cuenta de Twitter, la embajada de Estados Unidos anunció 5.9 millones de dólares en nuevos fondos de asistencia para el desarrollo de programas, a través de la Usaid. También informó del financiamiento anual, de parte de la oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, por 13 millones de dólares.
“Estos recursos son destinados a combatir el tráfico ilícito, fortalecer la capacidad institucional en las instituciones del sector justicia y mejorar la seguridad pública”, informó.
Por igual, Zeya se refirió a la necesaria actualización de una Ley de Trata de Personas. “Quiero alentar al gobierno dominicano a que apruebe una ley actualizada sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales, y que facilitará el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños”, dijo.
En ese contexto, pidió a República Dominicana que siga avanzando en esa lucha mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los traficantes, “protegiendo a los más vulnerables” de las comunidades, incluida la población dominicana de ascendencia haitiana.
Señaló que su país ha brindado asistencia técnica para actualizar esa normativa jurídica en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y que continuará haciéndolo.
El trasiego con personas es la tercera mayor industria criminal en el mundo, la tercera más lucrativa actividad ilegal, después de las drogas y las armas, de acuerdo con algunos estudios realizados por instituciones internacionales.
Las tres son consideradas los fenómenos sociales dominantes del siglo XXI, por lo que son temas de preponderancia en las agendas de todos los gobiernos, entre los que el dominicano no debiera ser la excepción.
La trata de personas es una de las formas de violencia de género más frecuente y deshumanizante que afecta a muchos países del mundo. Las mujeres y las niñas constituyen la mayoría de las víctimas.
En lo que respecta a República Dominicana, la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas data del año 2003 y los especialistas precisan que amerita una actualización “al no ajustarse a los tiempos en que las plataformas digitales adquieren importancia en ese delito, razón por lo que el tema de este año se centra en el papel de la tecnología como una herramienta que puede tanto permitir como impedir ese ilícito”.
La necesidad de una nueva legislación fue punto resaltante en la actividad de este 2022 en el país con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, por lo que se llamó al Poder Ejecutivo a que someta un proyecto que se encuentra en manos de su consultoría jurídica. INS
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